En el marco de los esfuerzos por restablecer la cooperación técnico-militar con Estados Unidos y acceder nuevamente a material y equipamiento militar de origen estadounidense, el gobierno uruguayo anunció que avanzará en la modificación de su controvertida “Ley de Derribo”, vigente desde 2020. La iniciativa responde a objeciones presentadas desde Washington, que desde hace años sostiene que la normativa uruguaya en materia de control aeroespacial contradice acuerdos internacionales de aviación civil, como el Protocolo de Montreal, al contemplar la posibilidad de derribar aeronaves sospechosas de actividades ilícitas.
El congelamiento de la cooperación por parte de EE.UU. tuvo consecuencias directas para las capacidades de la Fuerza Aérea Uruguaya, especialmente en lo referente al mantenimiento de los aviones de ataque Cessna A-37B Dragonfly, aeronaves con décadas de servicio en la FAU que requieren un mantenimiento constante, y no se encuentran operativas. Al respecto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, confirmó que el Poder Ejecutivo planea modificar el articulado “vía decreto” antes de fin de año, subsanando así los puntos en conflicto, al explicar: “No estamos hablando de derogar la ley. Hay que modificarla, es una cuestión de terminología; subsanando eso, no hay ningún problema”.
La denominada “Ley de Derribo” fue promulgada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou como parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y establecía un protocolo para interceptar, identificar y, eventualmente, neutralizar aeronaves en violación del espacio aéreo nacional. Si bien desde su entrada en vigencia se registraron al menos 13 oportunidades en las cuales se activó el protocolo, en ningún caso se llegó a aplicar la fase de derribo. En este sentido, Lazo remarcó que actualmente existen alternativas menos extremas: “Hoy por hoy, usted puede acompañar a una nave no identificada e invitarla a que se retire sin necesidad de derribarla”.
La oposición rechazó la decisión del Ejecutivo y cuestionó la supuesta pérdida de soberanía nacional. El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, Javier García, sostuvo que la medida representa una claudicación ante presiones externas: “Cambiar la llamada ley de derribos a pedido de EE.UU., como anuncia ministra Lazo, es nunca visto. […] Permitir que EE.UU. tenga poder de veto sobre Uruguay es inadmisible”. En ese sentido, García advirtió que la eliminación del recurso del derribo podría debilitar la lucha contra el narcotráfico, al afirmar: “Aplauden los narcos. Regalados a que nuestro cielo sea su ruta oficial de paso: aquí no podrán ser derribados. (En) Brasil sí, (en) Uruguay no. ¿Qué país usarán?”, expresó a través de sus redes sociales.
Desde el gobierno, en cambio, se insiste en que la decisión responde exclusivamente a criterios técnico-jurídicos. “Uruguay es parte del Protocolo de Montreal, que establece normas claras para la aviación civil. Nosotros adherimos, firmamos ese convenio. Esta ley lo contraviene”, señaló la ministra Lazo en una entrevista televisiva. Además, recalcó que la Fuerza Aérea ya demostró que puede actuar eficazmente sin necesidad de apelar al uso de la fuerza: “Se ha interceptado en varias oportunidades sin disparar un solo tiro”, afirmó, y agregó que “no es ni político ni ideológico, es estrictamente una cuestión de legalidad”.
En paralelo al cambio legal, la FAU recibirá seis nuevos aviones A-29 Super Tucano, adquiridos a Embraer. La llegada de los dos primeros está prevista para 2025. Esta incorporación permitirá comenzar a retirar gradualmente a los A-37B Dragonfly, que, si bien no pertenecen al mismo segmento -el A-37B es una aeronave de ataque a reacción, con velocidad máxima superior a 800 km/h, capacidad de reabastecimiento en vuelo y una mayor carga bélica-, presentan actualmente serias dificultades logísticas para mantenerse operativos, sobre todo por su dependencia de componentes estadounidenses ya restringidos. A diferencia del A-37B, el A-29 Super Tucano es un avión turbohélice, con aviónica de última generación, sensores electroópticos, capacidad para operaciones COIN (contrainsurgencia) y misiones ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento).
*Imágenes empleadas en carácter ilustrativo.-
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Algo se trae entre manos los de EE UU con ese cambio que obliga a nuestros hermanos uruguayos
Y se habla de república libre y democrática y seguimos haciendo lo que EEUU nos manda esto es una estupidez nos exige esto y aquello y ellos en el país de ellos hacen todo lo contrario, porqué no aplican eso en el territorio de EEUU??
Sin vergüenza son.