Cuando este autor denuncio en enero de 2023, en esta misma revista, dentro del articulo Nuevas Aeronaves para la Aviación de la Policía Nacional de Colombia: Aciertos y Criticas, la extraña compra de un avión que describí en su momento, tratándose de un avión Embraer Legacy 600 ejecutivo tipo Jet VIP con las siguientes características generales: Tripulación: 3 (piloto, copiloto, azafata opcional), Capacidad: 16 pasajeros, Longitud: 26,33 m, Envergadura: 21,17 m, Altura: 6,76 m, Peso en vacío: 16000 kg, y Peso máximo al despegue: 22500 kg.
En dicho artículo di mis observaciones a la compra dado que se trata de un avión de lujo, que desde el punto de vista no es útil para la policía nacional, por ser un avión VIP, solo útil para viajes ejecutivos, sin capacidad de carga o pasajeros suficientes para misiones humanitarias o de transporte militar. También denuncie que sí se persigue la supuesta unificación de las plataformas, en el momento del contrato la Policía Nacional no operaba este tipo de avión ni marca, por lo que sería una nueva plataforma que aumenta la huella logística y los costos de mantenimiento.
Tomando en cuenta lo anterior, y como ya se ha informado, los entes de control, organismos encargados de vigilar las actuaciones de las entidades y funcionarios públicos y la contratación, compra y manejo de los bienes estatales, han decidido iniciar investigaciones por presuntas irregularidades en la compra.
Así la Contraloría Nacional, encargada de la vigilancia fiscal, esto es el manejo de recursos del estado mediante COMUNICADO DE PRENSA No. 022 titulado “Contraloría estableció presunto detrimento patrimonial de 12 millones de dólares por compra de avión para la Policía”, estableció entre otros aspectos el detrimento describiéndolo así:
“Para el organismo de control la compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, y, así, redundar en una mejor prestación del servicio patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana, en cuanto a transporte de tropa y equipos.
Se trata de un hallazgo fiscal detectado en una Auditoría de Cumplimiento sobre los procesos de contratación ejecutados por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC S.A., para la adquisición de bienes y servicios, con el fin de cumplir la misión institucional, junto con los contratos y convenios celebrados y/o ejecutados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante la vigencia 2021.
Como resultado de esta auditoría se determinaron 19 hallazgos administrativos, de los cuales uno (el antes referido) tiene presunta incidencia fiscal y los demás tienen carácter penal (1) y otras incidencias. Se obtuvieron, además, beneficios de auditoría por valor total de $157.961.731 y se determinó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio.” ( link Contraloría)
Es importante destacar que la Contraloría dentro de su informe coincide con este autor en que “esta adquisición representa para la Policía Nacional iniciar una nueva línea de aeronaves, lo que implica la generación de costos adicionales como: el entrenamiento de pilotos y técnicos, la contratación de personal, la adecuación de infraestructura, y la adquisición de repuestos, herramientas y servicios de mantenimiento”, y además a lo largo del mismo se encuentra la premisa de la incapacidad de la aeronave para transporte militar o de tropa.
La investigación llevo al ente de control a vincular al ex subdirector Hoover Penilla y al exdirector de la Policía Nacional Jorge Luis Vargas, quien manifestó en los medios que: “yo era el director general de la Policía y no manejo los detalles de la compra, pero fui informado del cumplimiento de todos los requerimientos de ley. No afectamos el patrimonio de la Policía Nacional, se hizo por ley de la República, y con un plan de necesidades. Los puntos de vista nuestros no fueron tenidos en cuenta en la auditoria y esperamos que se respete el debido proceso. Me preocupa la forma como la Contraloría hace las cosas, espero que haya legitimidad, legalidad y que tengan muy claro técnicamente esto”
Es importante destacar que dentro del estudio se pudo identificar que existieron propuestas más económicas y que las empresas que realizaron la venta no cuentan con ninguna experiencia en el campo aeronáutico, conformado por las empresas Construcción Empresa y Proyecciones para el Desarrollo, Ingeambicol y Rio Sur. Este es un ejemplo claro de la conformación de Uniones Temporales con empresas sin experiencia que ganan contratos directos o concursos amañados dentro de las FFMM, y que tantas veces he denunciado en varios medios y en especial en la revista Zona Militar.
Todo tiene su origen cuando la CIAC S.A. y la Policía Nacional de Colombia celebraron el 13 de enero de 2022, un Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos entre Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC que permitan fijar términos y condiciones generales para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, mediante la provisión o adquisición de bienes y servicios de orden técnico que demande el área de aviación policial de la Institución”. Y se estableció su duración hasta el 31 de diciembre de 2022.
Así y con una gran rapidez se adquiere un avión Embraer Legacy 600, que ya está en el país e incluso fue pintado con los colores de la Policía Nacional, siendo necesario preguntar qué responsabilidad tienen los mandos de la Policía y la CIAC y sí finalmente se actuara en defensa de los intereses de los colombianos o si por el contrario se trasladara la investigación a la Inspección encargada de la Fuerza donde por ser otro General quien toma las decisiones, mueren las pesquisas sobre los actos de corrupción de las Fuerzas Militares.
Ahora se espera que este evento impida el “plan” original de adquirir tres unidades de este modelo, y se dediquen los fondos a las reales necesidades de la aviación de la Policía Nacional y que la investigación no sea trasladado a las dependencias de investigación interna, que como en las otras fuerzas de Colombia nunca han llegado al efectivo cumplimiento de sus funciones.
*Fotografía de portada empleada a modo de ilustración: créditos Embraer.
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