Luciano Anzelini: “El Atlántico Sur ha tomado una centralidad inusitada para Washington y Beijing”

Continuando con el ciclo de entrevistas que desarrolla Zona Militar, tenemos el placer de presentar la opinión de Luciano Anzelini, quien ha abordado la situación de la Defensa Nacional desde distintos puntos.

Con una fuerte critica de los lineamientos estratégicos de la gestión pasada, Anzelini pone su foco en la importancia del Atlántico Sur y en la dinámica que existe a su vez entre las grandes potencias, ponderando cual debe ser el perfil de nuestro país dentro de esas pujas. A su vez hace mención a la importancia que tiene el FONDEF como política de estado y a las consideraciones estratégicas que tiene la región para la Argentina.

Luciano Anzelini es Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales (2019). Magíster en Estudios Internacionales (Universidad Torcuato Di Tella 2008). Licenciado en Ciencia Política (UBA 2004). Actualmente es Director Académico del Doctorado en Defensa Nacional (Universidad de la Defensa Nacional) y Profesor de la Maestría/Doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. En el ámbito de la gestión pública, se desempeña como Director Nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa.

A continuación la entrevista.

Zona Militar – ¿Qué diagnóstico de manera sintetizada se puede hacer de la realidad de la Defensa Nacional?

Luciano Anzelini – Es una pregunta bastante amplia, a la que no es fácil de responder de modo sintético. Sin embargo, lo resumiría diciendo que soy optimista por tres motivos. En primer lugar, porque se ha vuelto a definir claramente qué se entiende por Defensa Nacional. Ningún país puede abordar con seriedad estos asuntos si no define con certeza cuál es el campo de responsabilidades de su Instrumento Militar. El gobierno de Macri coqueteó discursivamente con asignar misiones a los militares en problemáticas como el narcotráfico, el terrorismo, la guerra híbrida, la guerra no lineal y una multiplicidad de eufemismos que procuraban describir situaciones de confrontación con actores no estatales. Si ese era efectivamente el objetivo, debieron haber empezado por dar una discusión genuina y republicana –esa palabra tan meneada por algunos dirigentes– en el Parlamento, a los efectos de modificar el entramado normativo vigente (Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior y Ley de Inteligencia Nacional). Pero no lo hicieron. Optaron por emitir una serie de decretos que, subrepticiamente, contravenían el espíritu de las leyes vigentes. Lo más curioso es que lo hicieron en momentos en que el mundo marchaba hacia otra dirección. El ejemplo más claro es el del ex ministro de Defensa y ex presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien al recibir el premio Nobel de la Paz en 2016 reconoció el fracaso absoluto de la “guerra contra las drogas”. Por otro lado, los países más poderosos del mundo vuelven a poner el foco en la conflictivdad interestatal y revisan sus estrategias: en 2020 el Ejército de los Estados Unidos anunció que pondría fin al Grupo de Guerra Asimétrica, una unidad clave de su “Guerra contra el Terrorismo”. En este contexto, el gobierno del presidente Alberto Fernández ha corregido de raíz, a través del Decreto 571/2020, los devaneos del macrismo con la “policialización” de los asuntos militares. De este modo, el gobierno del Frente de Todos (FdT) volvió a poner en vigencia dos normas fundamentales: la reglamentación de la Ley de Defensa en su concepción original de 2006 (que reflejaba el espíritu del legislador al sancionar esa norma durante el gobierno de Alfonsín) y la Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas (Decreto 1691/2006), que Macri había barrido de un plumazo con el objetivo de suprimir una de las misiones subsidiarias del Instrumento Militar argentino: la de construir un subsistema regional de defensa. Nada que sorprenda, si nos atenemos al modo en que el gobierno de Cambiemos siguió a “pies juntillas” los lineamientos hemisféricos de la administración Trump, con el ejemplo paradigmático de no haber denunciado el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia.

Las otras dos cuestiones que motivan mi optimismo tienen que ver, definitivamente, con la impronta política de Agustín Rossi: primero como presidente del bloque opositor del FPV-PJ en la Cámara de Diputados y luego como ministro de Defensa. Yo era asesor de la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Nilda Garré, cuando Rossi impulsó la sanción del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) en la Cámara de Diputados. Desde la oposición, con una enorme capacidad de diálogo y generación de consensos, se empujó una norma que hoy nos permite para el sector Defensa contar con un 0,5% de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto, independiente de las partidas ordinarias; y que llegará a ser del 0,8% a partir de 2023. Con el agregado de que su afectación es exclusivamente asignada a recuperación, modernización e incorporación de material. Además, lejos de ser una muestra contemporánea del “teorema de Baglini”, ya como oficialista –en el rol de ministro de Defensa– Rossi consiguió el respaldo de la Cámara de Senadores para obtener la sanción definitiva del proyecto. Una muestra cabal de decisión política del gobierno de Alberto Fernández y de compromiso con las promesas de campaña. Mientras tanto, en el mundo académico, que es el que conozco y del que formo parte como docente e investigador, muchos colegas que durante años –con la notable excepción del periodo 2015-2019– plantearon la necesidad de un cambio presupuestario que fortaleciera a la Defensa Nacional, el día de la sanción del FONDEF “sorprendentemente” no dijeron una palabra.

En el mundo académico, que es el que conozco y del que formo parte como docente e investigador, muchos colegas que durante años –con la notable excepción del periodo 2015-2019– plantearon la necesidad de un cambio presupuestario que fortaleciera a la Defensa Nacional, el día de la sanción del FONDEF “sorprendentemente” no dijeron una palabra.

Luciano Anzelini

El tercer logro tiene que ver con la respuesta de la gestión del ministro Rossi a un reclamo histórico del personal militar: la incorporación del 100% de los suplementos no remunerativos, es decir, el blanqueo salarial. Se trata de una medida crucial, que siempre formó parte de la agenda discursiva de ciertos sectores más bien refractarios al peronismo, pero que ha sido asumida y concretada por el gobierno de Alberto Fernández. Estas últimas dos decisiones de enorme trascendencia –FONDEF y blanqueo– se materializaron, además, en el marco de una “doble pandemia”: la económica consistente en la herencia del macrismo en materia social y de deuda externa y la sanitaria con el Covid-19. Este avance en materia de recursos presupuestarios y de la política de recursos humanos constituye, en mi opinión, una base fundamental para encarar, en el largo plazo, una serie de transformaciones organizacionales indispensables para el Instrumento Militar argentino.

ZM – ¿Para usted, cuáles son las principales amenazas que enfrenta el Estado Nacional donde podría intervenir el ámbito de la Defensa Nacional?

LA – El contexto global de marcada incertidumbre y la ausencia de enemigos militares evidentes tras la Guerra Fría pusieron en crisis los métodos tradicionales de planeamiento, que estipulaban el empleo de la fuerza armada en base a amenazas definidas de antemano y cursos de acción predecibles. En concreto, lo que entró en crisis fue el planeamiento por hipótesis de conflicto. El método de planeamiento que adoptó la Argentina desde hace una década y media, conocido como planeamiento por capacidades, ha adoptado como apreciación central la incertidumbre respecto del oponente a la hora del empleo de la fuerza militar. Ante la imposibilidad de definir de forma precisa dónde reside la amenaza –si bien se sabe que debe tratarse de una amenaza externa militar estatal–, el diseño de fuerzas se acomoda al desarrollo de medios militares de probable empleo, en base a la defensa de los intereses vitales identificados por el Nivel Estratégico Nacional, en el marco de una actitud estratégica defensiva y disuasiva.

El país no enfrenta en la actualidad un horizonte de guerra o conflictos inmediatos que puedan demandar el empleo del poder militar convencional. Sin embargo, como revela la información contenida en las apreciaciones estratégicas de las principales potencias del planeta, el escenario global se ha vuelto más pugnante que en el pasado y la posibilidad de conflictos en el futuro, por ejemplo por el acceso a recursos naturales, no debería ser descartada. En este sentido, cabe señalar que informes como el Global Trends 2035 que produce el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos ha incorporado, por primera vez, al “Ártico y la Antártida” como un área estratégica. América Latina, en efecto, se perfila como un ámbito de disputa por el acceso a recursos y por la proyección de influencia entre potencias globales como Estados Unidos, China y Rusia, cuestión que debe ser adecuadamente ponderada en nuestro planeamiento defensivo-militar.

América Latina, en efecto, se perfila como un ámbito de disputa por el acceso a recursos y por la proyección de influencia entre potencias globales como Estados Unidos, China y Rusia, cuestión que debe ser adecuadamente ponderada en nuestro planeamiento defensivo-militar.

Luciano Anzelini

Adicionalmente, no puede perderse de vista la existencia de un enclave colonial en las Islas Malvinas, con una significativa dotación militar británica desplegada allí. Esta situación debe ser evaluada en cualquier cálculo de seguridad internacional y defensa, dada su importancia estratégica en materia de proyección atlántica y antártica. Desde luego, no se trata de pensar soluciones militares para estos escenarios ni de poner en entredicho lo prescrito por la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, sino de prever la disposición de una fuerza razonable con capacidad de control, vigilancia y reconocimiento en territorios que, en el futuro, podrían configurar ámbitos de disputa global. En este contexto, la planificación y construcción de capacidades para la Defensa Nacional deben tomar como partes integrantes de un mismo sistema geoestratégico a la Patagonia argentina, al sector antártico nacional, al Atlántico Sur y a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.´ 

Una vez más, una parte significativa del mundo académico que estudia estos temas infravalora el escenario geoestratégico descrito recién y se obsesiona con una agenda centrada en el “peligro” que representan las ambiciones globales de China y Rusia en América Latina. Son casualmente los mismos que procuran asignar misiones policiales a las Fuerzas Armadas, en una receta probadamente fracasada a nivel hemisférico. Pareciera primar en estas posturas una suerte de “falsa consciencia”, que asume como propios lineamientos que poco tienen que ver con los intereses estratégicos de la Argentina.

ZM – ¿Cómo evaluaría la situación del Instrumento Militar de las Fuerzas Armadas y cómo cree que debería orientar la política la adquisición del equipamiento pensando en el futuro?

LA – En la Argentina se ha llevado adelante a partir de 2006 un proceso de modernización en materia de planeamiento de la Defensa Nacional que constituye una experiencia importantísima. Hoy existe normativamente fijado un ciclo de planeamiento estratégico y un ciclo de planeamiento de recursos, muy bien diseñados desde el punto de vista técnico durante la gestión de Nilda Garré. Este esquema ordena el desarrollo de capacidades del Instrumento Militar, con una mirada conjunta que implica un quiebre respecto de las históricas pujas interfuerza por el acceso a medios. Sin embargo, el Plan de Capacidades Militares (Plancamil 2011) sólo se ha cumplido en una mínima proporción, lo que sin dudas no contribuyó a reparar lo que alguna vez el sociólogo militar Ernesto López definió como el “desarme de hecho” de las Fuerzas Armadas argentinas. Aun así, este tipo de planificación estratégica es la que debe seguir orientando la recuperación, el desarrollo y la adquisición de capacidades, por lo que constituye el plafond adecuado para encarar la normalización del material y el reequipamiento que vendrá de la mano del FONDEF. En ese marco, nadie duda de que a la Argentina le faltan submarinos, aviones caza supersónicos, dispositivos de defensa antiaérea y muchas cosas más. Sin embargo, tanto el Plancamil 2011 como los muy precisos lineamientos fijados en la Ley 27.565 del FONDEF son los ejes que deben orientar ese proceso de recuperación de capacidades. De lo contrario, el resultado es el que conocemos: procesos anómicos y descoordinados, dominados por decisiones intempestivas y atadas muchas veces a agendas que no tienen que ver necesariamente con la Defensa Nacional. El resultado palmario de ese tipo de comportamiento es el que desencadenó el problema que conocemos sobre los Súper Etendard y el componente británico de los asientos eyectores. Adicionalmente, y como lo viene expresando el ministro Rossi en diversas entrevistas, existen en curso una multiplicidad de proyectos de remotorización y modernización, cuya conclusión contribuirá decididamente a tener unas Fuerzas Armadas más robustas y en condiciones de ir recuperando gradualmente las capacidades terrestres, navales y aeroespaciales que hemos ido perdiendo en los últimos 30 años.

ZM – ¿Cuáles deberían ser los aliados naturales de la Argentina en el contexto mundial y qué ámbitos de cooperación cree que se puede profundizar?

LA – La pregunta exige, ante todo, una semblanza de qué es lo que está pasando en el mundo en términos estratégico-militares. Me limito a analizar este campo y dejo a un lado el plano económico-comercial, en donde el mundo ya es decididamente multipolar, con un marcado traslado del poder y la influencia de Occidente a Oriente en términos de comercio, industria y finanzas. El tablero estratégico-militar global continúa siendo unipolar, aunque no necesariamente hegemónico. Estados Unidos es en la actualidad la única potencia con voluntad y recursos para sostener una proyección de poder de alcance global. Eso implica que su política de defensa, sus definiciones doctrinarias y sus acciones militares resultan insoslayables para comprender la agenda de seguridad internacional, en particular para aquellos países que somos parte del mismo vecindario. No obstante, China y Rusia vienen realizando en este tablero maniobras concretas para balancear el diferencial de poder existente, poniendo especial énfasis en preservar capacidades de acción autónoma en sus zonas de influencia inmediatas. Inevitablemente esas tensiones globales se irán acrecentando y se irán deslizando desde las periferias inmediatas de las grandes potencias hacia otras zonas. Una región como América del Sur, que cuenta con una dotación de recursos energéticos y naturales no renovables comparativamente superior a la existente en otras zonas del mundo, será indudablemente “caja de resonancia” de esas disputas globales. Y el Atlántico Sur, en ese marco, adquiere una centralidad inusitada para Washington y Beijing. El rol cada vez más importante del componente naval del Comando Sur de los EEUU y el crecimiento de las operaciones chinas –sobre todo en el lado africano del Atlántico Sur– son una muestra inocultable de ello.

Un escenario con estas características implica importantes desafíos para las estrategias de política internacional y de defensa de un Estado mediano como la Argentina. El principal reto consiste en encontrar un balance provechoso entre cooperación mutuamente beneficiosa con las potencias, por un lado, y capacidad de definir y proteger, con los mayores márgenes de autonomía posible, los intereses estratégicos del país, por el otro. Eso no se logrará ni con el alineamiento irrestricto con alguno de los polos de poder del sistema internacional, ni por medio de la confrontación ideológica. La situación exige, ante todo, mucha agudeza y sofisticación en el despliegue de estrategias. Fíjese cómo una cooperación inteligente con China nos ha permitido contar con el apoyo indispensable en la provisión de mascarillas N95, kits de reactivos para detectar el virus de Covid-19, trajes aislantes y respiradores artificiales; y cómo todo ello contribuyó a mantener en pie el sistema de salud y que no colapsara como sucedió en tantos otros lugares del mundo. Lo mismo puede decirse del acuerdo estratégico con el instituto Gamaleya de Rusia, tan criticado por muchos y que hoy ubica al país en un lugar ventajoso en la carrera que despliegan todas las naciones por conseguir la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible. Y esto sin cerrar la puerta de vinculación con el resto de los laboratorios que producen la vacuna, con algunos de los cuales también se cerraron acuerdos importantes. 

El campo de la defensa nacional y de los temas militares, pese a que tiene sus particularidades, no escapa a esta necesidad de cooperación inteligente, sofisticada y alejada de los dogmatismos que describíamos recién. Yendo puntualmente a los desafíos que se ciernen sobre la configuración de alianzas en el campo de la defensa nacional, le diría que en lo inmediato hay dos cuestiones fundamentales, tan o más importantes aún que el objetivo señalado de mantener un diálogo provechoso con los actores centrales del sistema internacional. En primer lugar, profundizar la sociedad estratégica con Brasil, vínculo que ha sido una de las piedras angulares de la integración regional en América del Sur desde la recuperación de la democracia. Fíjese que sólo tres países (Brasil, Argentina y Uruguay) controlan la totalidad del litoral marítimo occidental del Atlántico Sur. Ese único dato da cuenta de la magnitud que adquiere la relación con Brasil en términos geoestratégicos. Para ello es necesario fomentar cada vez más la interacción y la cooperación, un camino que con múltiples iniciativas ha sido apuntalado por la gestión del ministro Rossi. Profundizar la línea de la cooperación bilateral en materia de defensa con Brasil es una tarea fundamental, que muchas veces exigirá la perspicacia de los Ministerios y de las agencias militares de cada país para poder sortear los eventuales cortocircuitos que puedan darse a nivel presidencial, en particular a partir de la tendencia a la sobreactuación que ha demostrado Bolsonaro. La otra cuestión fundamental es –frente al desmantelamiento de las instancias de coordinación en materia de defensa regional (como el CDS de la Unasur) que llevaron adelante los gobiernos de derecha en la región y ante el deficiente funcionamiento de las instancias hemisféricas (JID, TIAR)– la de impulsar la creación de nuevos ámbitos multilaterales de cooperación para el sector de la Defensa, empezando por el Mercosur.

ZM – ¿Cómo evaluaría usted la percepción actual de la ciudadanía sobre el rol de las Fuerzas Armadas?

LA – Más de la mitad de la ciudadanía tiene una mirada positiva de las Fuerzas Armadas, lo que las ubica al tope de la percepción ciudadana conjuntamente con el gobierno nacional. Le estoy hablando de diversas encuestas de fines de 2020 que tuve la oportunidad de leer y que no son justamente elaboradas por consultoras afines a la actual administración. Los medios de comunicación, la justicia, las grandes empresas, la iglesia, etc., todos se ubican por detrás del gobierno y de las Fuerzas Armadas en la consideración pública. Si tuviera que marcar algunos elementos que explican esta alta ponderación, me enfocaría en un factor coyuntural y dos estructurales.

El primero tiene que ver con la Operación Manuel Belgrano y el rol de las Fuerzas Armadas en apoyo al “Plan Operativo de Preparación y Respuesta al Covid-19”. Como ha expresado el ministro Rossi en múltiples entrevistas, la “Operación Belgrano” ha sido un éxito en el marco de lo que constituye el más importante despliegue militar desde el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982. Se han desarrollado casi 38.000 tareas, entendiendo por tarea una acción que implica movilización de medios y de personal. La ciudadanía argentina ha receptado muy bien la labor de los militares. El desenvolvimiento en el marco de la pandemia también ha demostrado la importancia de la organización, la infraestructura y la logística de las Fuerzas Armadas, lo que ha permitido llegar a cada rincón del país. Este aspecto se verá potenciado, sin dudas, con la Operación General Manuel Belgrano II y todo el tema de la vacunación. En este contexto, es muy relevante señalar que durante el gobierno de Alberto Fernández ha primado una perspectiva estratégico-nacional del despliegue territorial del Instrumento Militar y no los criterios de ajuste fiscal o de búsqueda de venta de tierras con fines inmobiliarios que dominaron la etapa anterior.

Existen otros dos elementos que en mi opinión contribuyen a esta alta ponderación, aunque en general tienden a ser inobservados en los análisis académicos. Por un lado, el ordenamiento normativo argentino, que establece una distinción muy nítida de responsabilidades entre las fuerzas militares y las de seguridad, lo que convierte al país prácticamente en un caso “típico-ideal” en América Latina (comparable sólo en cierta medida a los casos de Chile y Uruguay). Este plexo normativo ha representado un poderoso inhibidor de lo que ha sido la constante en todos los países que han adoptado el enfoque de la “guerra contra las drogas” y de la militarización de la seguridad pública: aumento de los niveles de violencia en los conflictos internos, de las violaciones a los derechos humanos e incremento de los hechos de corrupción por parte de las Fuerzas Armadas. Nada de eso ha sucedido en la Argentina y ello, en buena medida, tiene que ver con nuestro sólido andamiaje normativo. El otro elemento que caracteriza a las Fuerzas Armadas de nuestro país –y que viene a cuento mencionarlo en estos días en que ha fallecido el ex presidente Carlos Menem– es la plena consustanciación de los uniformados argentinos con el régimen democrático. Con la represión del último alzamiento carapintada por parte del gobierno de Menem en 1990, se consumó la efectiva subordinación militar al poder legalmente constituido. Desde entonces, las Fuerzas Armadas argentinas no se han vuelto a proyectar indebidamente sobre el sistema político, asumiendo estrictamente su rol profesional. E incluso, cuando el ex presidente Fernando de la Rúa las quiso emplear en el marco del estado de sitio de 2001 para la represión interna, fueron los propios mandos militares los que marcaron la inconveniencia de seguir ese camino, ahorrando más dolor a las trágicas jornadas del 20 y 21 de diciembre de 2001. Actualmente, la totalidad de los más altos mandos de las fuerzas han egresado como oficiales del Colegio Militar, la Escuela Naval Militar o la Escuela de Aviación Militar en 1983 o después. Los militares argentinos se destacan por su profesionalismo y eso es altamente valorado por la ciudadanía.

ZM – ¿Cuáles son los consensos básicos que usted podría compartir y considerar con sus pares académicos, superando las diferencias de ideologías y posiciones políticas a la hora de pensar la Defensa Nacional?

LA – Es una pregunta muy importante y me parece que requiere de mucha honestidad intelectual de quienes somos parte del ámbito académico. Y debo ser enfático en este punto: no veo que la comunidad académica de estos asuntos tenga demasiada intención de superar diferencias y pensar en “mínimos comunes denominadores” a partir de los cuales construir consensos. En este sentido, creo que hay señales mucho más sólidas desde el campo de la política, en particular desde el Ministerio de Defensa y desde el Congreso de la Nación. La iniciativa del ministro Rossi de establecer una “Comisión de análisis y redacción de las Leyes de Personal Militar y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas”, con la presencia de los ex ministros Jaunarena y Garré, independientemente del resultado que arroje en el corto plazo, viene a saldar una vieja deuda pendiente en materia de diálogo interpartidario en relación con esas normas. Lo mismo podemos decir del aceitado trabajo de las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Congreso para la sanción del FONDEF; y de la multiplicidad de actividades emprendidas por la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, con un trabajo destacadísimo de los diputados Carlos Fernández y Germán Martínez.

No veo que la comunidad académica de estos asuntos tenga demasiada intención de superar diferencias y pensar en “mínimos comunes denominadores” a partir de los cuales construir consensos

Luciano Anzelini

Por el contrario, nada de esto prima en el mundo académico sobre los temas de Defensa. Yo le podría indicar, de modo muy rápido, algunos temas que entiendo que deberían reunir el consenso de la comunidad académica (algunos de ellos ya fueron mencionados en las preguntas previas). Sin embargo, las reacciones han estado lejos de ese acercamiento de posiciones y de generación de consensos. Tal vez la excepción más notoria –desde los sectores intelectuales mayormente refractarios al gobierno– sea la de Rosendo Fraga, quien en una nota de opinión en el diario Clarín destacó la trascendencia de cuatro logros de la gestión actual del Ministerio de Defensa: la operación “Manuel Belgrano”, el principio de horizonte que en materia de reequipamiento supone el FONDEF, la solución luego de un cuarto de siglo al tema del blanqueo de las sumas no remunerativas del personal militar y la revitalización del vínculo estratégico con Brasil en materia de cooperación en defensa.

Dicho esto, son muchos los temas que incluiría entre los consensos básicos a los que podría llegar una eventual “comunidad de la defensa”. Cito solamente algunos: 1) el apoyo a las normas alcanzadas desde la recuperación de la democracia, con pleno al respeto al espíritu que guió al legislador al sancionar cada una de ellas (en particular, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Inteligencia Nacional y sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario del año 2006); 2) la necesidad de internalizar como un sistema geoestratégico integrado a la Patagonia argentina, al sector antártico nacional, al Atlántico Sur y a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; y la obligación de denunciar sin ambages cualquier presencia de naves susceptibles de portar y emplear armamentos nucleares en el Atlántico Sur, pues eso contradice la Resolución 41 de 2011 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha definido como “Zona de Paz y Cooperación” al Atlántico Sur; 3) la necesidad de establecer, como señalábamos antes, vínculos más sofisticados y menos dogmáticos con las principales potencias, atendiendo a la trascendencia que nuestra región detenta en materia de recursos estratégicos. Se trata de detectar adecuadamente el lugar de los intereses nacionales y de saber combinar, en el despliegue de estrategias, colaboración y restricción en las dosis adecuadas, en un contexto internacional en el que las pujas globales inevitablemente se proyectarán a nuestra región; y 4) la necesidad de recuperar capacidades en un contexto de planificación escalonado, modular, en el que el reequipamiento no sea producto de decisiones espasmódicas que lleven a situaciones inentendibles como la de los Súper Etendard y sus componentes británicos. En ese marco, todos estamos de acuerdo en que necesitamos submarinos, más aviones, mejores capacidades de defensa antiaérea, etc. Ahora bien, no se trata de armar listas de supermercado desde la “torre de cristal” del mundo académico, sin tener una mera noción de las restricciones que impone el mundo real. La gestión pública es compleja e instalar los temas militares como prioridad no es nada sencillo, porque –para ponerlo en términos muy coloquiales– no arrastran votos. Por eso lo del FONDEF me parece un logro inmenso, escasamente reconocido por los analistas de estas temáticas.  

Asimismo, fíjese cómo en el resto de los temas que señalé abundan actitudes que ubican al mundo académico muy lejos de los tan declamados consensos. Tomemos algunas de las prioridades señaladas … ¿Cuál ha sido el reflejo de la academia conservadora –que es la predominante en los temas militares– frente a la información vertida desde la cuenta oficial de twitter del Comando de la Flota del Atlántico de la Fuerza Submarina de los Estados Unidos, por la cual se señalaba que recientemente un navío de esa fuerza había operado con apoyo británico en el Atlántico Sur? ¿Cuántos académicos no progresistas han respaldado la firme posición de la cancillería argentina? Yo encuentro una mirada predominante en este grupo de expertos que ubicaría dentro de lo que podríamos llamar la “Doctrina Oris de Roa”, en alusión al ex embajador argentino en Washington, quien afirmó que, en materia de defensa y seguridad, debemos satisfacer los intereses estadounidenses para obtener resultados económicos como contrapartida. Sin ir más lejos, y relacionado con el tercer asunto que señalaba como relevante respecto de las estrategias sofisticadas en la relación con los grandes poderes, el otro día leía una nota del investigador Evan Ellis (de la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos) en Global Americans, luego reproducida por Infobae. Allí, con la colaboración de algunos analistas argentinos, el autor hablaba de los “tentáculos” de China en la Argentina; y al referirse a la relación en materia de Defensa, veía con preocupación que el gobierno argentino hubiera asignado a un oficial con el rango de general para que sirviera como su agregado de defensa en China. Sinceramente, una lectura de cualquier alumno de primer año de Relaciones Internacionales, que haya tomado una clase sobre el neorrealismo de Waltz, podría explicar sin escandalizarse y simplemente mirando la distribución del poder internacional decisiones de esa naturaleza.  Y podríamos seguir con los posicionamientos frente a otros temas, pero me parece que no lograríamos demasiados avances ni mucho menos consensos. En definitiva, reitero lo que le mencioné antes: en el mundo académico existe una grieta mucho más grande que en el mundo de la política y me da la sensación de que, mal que les pese a los “realistas”, es el soft power de Washington el que hace difícil reconocer logros en la actual gestión y pensar estrategias un poco más sofisticadas que las que se internalizan en los viajes de estudio al Norte.

ZM – Pensando en el espacio académico como un asesor natural a la gestión política, ¿qué propuestas se le ocurren para cambiar, profundizar o mantener en la política de Defensa Nacional?

LA – Creo que me he explayado bastante con las respuestas a las preguntas anteriores y de allí pueden inferirse algunos lineamientos. Hace algunas semanas leí la muy interesante entrevista que le hicieron a Sergio Eissa, en la que señalaba, casi textual, que ciertos sectores académicos tenían dificultades para internalizar que el Atlántico Sur es relevante geoestratégicamente. Hasta ahí es lo mismo que expresaba recién respecto de la falta de respuesta de la academia conservadora ante el despliegue de submarinos con capacidad de portar armamento nuclear en la zona. Pero Eissa marca algo fundamental: que la importancia geoestratégica del Atlántico Sur debería incidir, en el futuro, en el diseño del Instrumento Militar argentino. Yo me sumo a esta preocupación intelectual, que desde años conversamos con un grupo de analistas interesados en los temas de defensa, respecto de la evolución del diseño de nuestro Instrumento Militar. En ese sentido, me parece que la actual gestión del ministro Rossi, con la sanción del FONDEF y el blanqueo salarial, ha logrado un punto de partida indispensable para repensar estas cuestiones de orden estratégico-nacional. Es imposible avanzar en este tipo de modernización si cuestiones estructurales básicas como lo salarial y la recuperación de capacidades disuasivas no forman parte de la agenda.  

Otra cuestión que se me ocurre, también vinculada a lo organizacional –aunque en este caso relacionada con la cultura organizacional y las inercias que reproducen las grandes estructuras– tiene que ver con aggiornarse a este mundo en transición (que todavía sigue siendo unipolar en lo estratégico-militar pero que decididamente ha dejado de ser hegemónico) y con el despliegue de estrategias no dogmáticas que requiere un estado mediano como la Argentina. Hoy la diplomacia militar (los intercambios, los ejercicios, la formación en el extranjero, etc.) todavía refleja un mundo más parecido al de la década de 1990, luego del fin de la Guerra Fría, que al mundo actual en proceso de cambio. Si uno revisa detenidamente los destinos en el exterior, todo sigue bastante traccionado por una foto más parecida a la de 1991 que a la de 2021. En tres décadas, China pasó de representar el 1 por ciento del gasto militar del mundo a absorber el 14 por ciento del rubro y Rusia dejó de ser el gigante colapsado del final de la etapa soviética para ser un actor de peso en el sistema internacional, que ocupa el cuarto puesto mundial en términos de su presupuesto de defensa, habiendo escalado en 2019 a un total de 65 mil millones de dólares, una cifra muy significativa. Parte de esas estrategias más sutiles que requiere el mundo actual tienen que ver con esta diplomacia más equidistante. Y el mundo de la defensa y de los asuntos militares tienen un papel central que cumplir ante semejante desafío.

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