El ciclo de entrevistas “Consensos en Defensa Nacional” propuesto por Zona Militar constituye una buena oportunidad para pensar desde Argentina los asuntos estratégicos y de defensa. De su lectura se deprenden, como es natural, divergencias y denominadores comunes respecto a los aspectos que consideran relevantes. El recorrido por los comentarios revela todavía más reacciones heterogéneas. Ahora bien, sea porque otras definiciones son más necesarias o tal vez debido a que, efectivamente lo que sigue es una problemática de segundo orden, lo cierto es que una de las cuestiones que no ha generado demasiada atención es la elaboración de herramientas que permitan medir cualitativa y cuantitativamente desde conceptos y dimensiones hasta niveles de ejecución de las políticas públicas de interés de la defensa. Resultan muy adecuadas, en especial, aunque no exclusivamente, en lo concerniente a la adquisición de medios por cualquiera de sus canales de obtención y a las actividades de Investigación, Desarrollo, Producción e Innovación.

En rigor de verdad, el debate de ideas resulta absolutamente compatible con la utilización de métricas basadas en datos que enriquezcan los argumentos. Los indicadores compuestos suponen una agregación coherente de estadísticas y suelen utilizarse cuantificar conceptos complejos y multidimensionales que son difíciles de definir. La información estratégica sobre activos concretos relacionados lo más directamente posible con un sector específico tiene un doble valor. Sirve tanto para diagnosticar fortalezas y vulnerabilidades como para visualizar escenarios y anticipar posibles respuestas. Puede favorecer intervenciones más precisas y específicas para superar los inconvenientes a corto plazo, pero también contribuir a la elaboración de estrategias a medio plazo centradas en aspectos clave que multipliquen los impactos positivos.

Un ejemplo histórico para ilustrar el punto. Durante apenas unos meses, más precisamente entre fines de 1909 y comienzos de 1910, la Marina brasileña fue, junto a Gran Bretaña, una de las armadas más modernas del mundo. Con la llegada de los dos acorazados dreadnoughts y su efectiva incorporación a la escuadra, accedió a la última tecnología naval de aquel entonces. Sin embargo, la brecha entre la realidad económico-social del país y la disposición de ese sistema de armas contrastaba notoriamente. De acuerdo con el Almirante Vidigal (1997), la flota de 1910, cuyos barcos fueron comprados íntegramente a Inglaterra, “no representó más que una ilusión”, debido a que el país no contaba con una estructura apropiada de apoyo. Es interesante señalar dos elementos que merecen una reflexión que excede este escrito. Por un lado, la disociación entre la economía y la adquisición de armamentos en contextos no industrializados. Práctica constante que ha acompañado el pensamiento estratégico desde etapas muy anteriores a 1983. Por el otro, la complejidad de factores que configuran una “capacidad” de defensa. Disponer de un Sistema de Armas, personal adiestrado y voluntad de combate serán variables insoslayables, pero de alcance limitado.

La Unión Europea está debatiendo, en pleno siglo XXI, sobre la definición, alcances e impactos de dos conceptos: autonomía estratégica y soberanía tecnológica. Ambos han cobrado relevancia, fundamentalmente en relación con tecnologías emergentes (Inteligencia Artificial, ‘fabricación aditiva’, impresión 3D, etc.) o lo que denominan tecnologías habilitadoras clave (materiales avanzados, semiconductores, etc.)  a las cuales se les atribuye relevancia geopolítica y estratégica.

La «soberanía tecnológica» se refiere a la capacidad de un Estado (o de una coalición) para proporcionar, actuar y desarrollar tecnologías consideradas críticas para el bienestar y la competitividad, o para abastecerse de ellas en otras áreas económicas sin una dependencia estructural unilateral. El conocimiento científico-tecnológico no tiene ningún efecto si no se articula con las competencias necesarias para explotarlo. En este sentido, entran en juego las infraestructuras, la capacidad de producción e incluso los requisitos del marco normativo. Además, se inscribe en un contexto más amplio de soberanía económica y de innovación. Dado que la expresión se refiere a las competencias y al ejercicio efectivo de las capacidades en la dimensión tecnológica, valorar el nivel de dependencia de los factores críticos, las interdependencias asimétricas identificadas entre los países y cómo impacta en los grados de autonomía para decidir prioridades, asociaciones y alianzas, puede revelar información valiosa sobre la base empírica en la que se sostiene.

En suma, pese a los matices y sin entrar en una discusión teórica sobre la naturaleza de ambos conceptos, es importante señalar que responden a una racionalidad instrumental basada en el objetivo de mejorar la actuación de los gobiernos en nombre de los intereses nacionales y contribuir a fortalecer su posicionamiento. En todo caso, indagar las circunstancias relativas a las fuentes de provisión, ya sean de componentes básicos, productos o servicios tecnológicos basados en ella, el conocimiento ligado a intangibles afines propios o externos (patentes, registros de software y licencias, o saber hacer), la disponibilidad de recursos humanos especializados, las infraestructuras científico-tecnológica y productivas, y las interdependencias cruzadas intersectoriales, puede echar luz sobre las brechas entre los supuestos y capacidades implicadas por la noción de “Autonomía estratégica” o “Soberanía tecnológica” y la situación observable.

Objetivamente, la aprobación del Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF) ofrece un marco para abordar estas cuestiones. Tanto para invertir en programas de Investigación y Desarrollo nacional como podrían ser Sistemas No Tripulados, emplear la compra estratégica del Estado o adquirir al extranjero exigiendo compensaciones (Offset), el conocimiento detallado de las capacidades nacionales puede contribuir a fortalecer la toma de decisiones.

Partiendo de la necesidad de operacionalizar los términos para poder cuantificar sus efectos, hay que considerar las interrelaciones dinámicas desde tres perspectivas analíticas convergentes. En primer lugar, el estado de los activos propios pretende desgranar aspectos como el conocimiento detallado de la cantidad y calidad del capital humano disponible, su composición y especialización, la orientación y alcance del esfuerzo científico-tecnológico, así como las capacidades existentes en el país. Segundo, el nivel de exposición y vulnerabilidad resultante de la necesidad de activos externos busca identificar el tipo de restricción que se enfrenta. No es lo mismo la denegación de acceso a nivel tecnología o de sistemas tecnológicos que a un producto concreto que proviene de un actor extranjero. El mapeo de los recursos o procesos sustentados en activos de terceros frente a una tecnología determinada es básico para evaluar las vulnerabilidades y dependencias críticas en cada caso. Tercero, la disponibilidad de mecanismos de resiliencia (adaptación) para gestionar coyunturas críticas y riesgos tecnológicos. se refiere a la disponibilidad de mecanismos para hacer frente a condiciones desfavorables reales o potenciales, que comprendan desde interrupciones inesperadas en el abastecimiento de un insumo – cualquiera que sea la causa – hasta el fortalecimiento de la posición en una negociación política o económica. Dos criterios son relevantes en este punto. La criticidad de la tecnología en función de su impacto y la probabilidad de dificultades de acceso. El contexto funcional en el que se fundamenta dicha caracterización junto con la valoración del nivel de dependencia aceptable.

Estos tres puntos de vista enmarcan tres categorías derivadas para el análisis empírico. Primero, la categoría «Activos y competencias» se orienta a identificar las capacidades actualmente disponibles. El capital humano y las competencias de la mano de obra revelan el acervo de conocimientos y técnicas accesibles en relación con una tecnología. El esfuerzo científico y tecnológico se refiere a las capacidades de la base científica, tanto en términos de inversión pública y privada como del grado de prioridad otorgado a una tecnología mediante la existencia de proyectos de investigación específicos. Las capacidades industriales nacionales comprenden el conjunto de competencias “institucionalizadas” que posee localmente un país. El interés principal son las capacidades y aptitudes de los principales actores para desarrollar/fabricar determinados productos y/o servicios de interés-especialmente sus impulsos y barreras para acceder/crear/madurar tecnologías-. Además, un aspecto clave se refiere a la medida en que los conocimientos, habilidades y aptitudes existentes satisfacen las necesidades de la industria pública y privada, así como de los organismos públicos. La «capitalización» efectiva de las actividades de I+D tiene como objetivo rastrear la especialización y los conocimientos técnicos a través de indicadores de derechos de propiedad industrial específicos de la tecnología. Lo que está en juego es la capacidad de los actores -empresas, Centros de I+D y universidades- para convertir las oportunidades y desarrollos tecnológicos en nuevos procesos y productos.

Segundo, la categoría «Condicionantes» se refiere a los diferentes impactos que provocan los recursos externos. La complejidad de la cuestión permite señalar que ni la importancia ni los efectos son los mismos en todas las fases implicadas. Esto va desde el aprovisionamiento de materias primas, pasando por los componentes y subsistemas, hasta las fases de fabricación. Por cierto, la adquisición de sistemas extranjeros conlleva siempre un nivel de exposición tanto a situaciones disruptivas como a decisiones y activos de otros actores. La información sobre los productores, su ubicación y el grado de concentración de la producción en cada etapa de la cadena de valor, así como la posibilidad de sustitución, son indispensables para la previsión de escenarios y las estrategias preventivas. Además, los responsables de la toma de decisiones dispondrían de una base más sólida para centrarse en el desarrollo de tecnologías y el diseño de cadenas de suministro nacionales o regionales de forma más específica.

Tercero, los «impulsores de la soberanía tecnológica» se definen como activos y capacidades destinados a gestionar y reducir las dependencias estructurales e informativas críticas y unilaterales, cuya accesibilidad y disponibilidad requieren un esfuerzo aceptable de dotación de recursos a corto y medio plazo. Conceptualmente, es de esperar que el nivel de apalancamiento de los impulsores sea proporcional a su contribución efectiva a la generación de capacidades de resiliencia y/o robustez del país respecto a la tecnología considerada.

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Candidato a Doctor en Economía y Gestión de la Innovación (UCM-UAM-UPM). Magíster en Economía y gestión de la innovación (UCM-UAM-UPM); en Estrategia y Geopolítica (ESG-UNDEF); en Defensa Nacional (FADENA-UNDEF). Cursó la Maestría en Ciencia Política (UTDT). Lic. en RRII. Profesor de Factor Científico-Tecnológico y Profesor Adjunto de Defensa Nacional (ESG-FE-UNDEF).

4 COMENTARIOS

  1. A nivel defensa nacional habría que definir que abarca «ideas abstractas» y que «bases empíricas», nuestro panorama de defensa lleva muchos años sin una definición material.

  2. En Argentina, lo único que tenemos respecto a la Defensa, son debates.

    Como diría un conocido foro de defensa, «Y si probamos con plata»

    No falta mucho para que suframos la pérdida real de territorio. Y no vamos a poder hacer nada para impedirlo. Como ya sucede diariamente con nuestra ZEE y espacio aéreo.

    Abrazos

    Juan Martin Pettigrew

    • Lo primero que falta es voluntad política para hacer algo al respcto, una idea clara de lo que significa la «Defensa Nacional» y qué medios se necesitan, por último la voluntad ciudadana para el empleo de los medios . Sin estos factores resueltos no se puede hacer nada.

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