Cada gobierno que asume manifiesta sus lineamientos políticos en mayor medida a través de actos administrativos y directivas plasmadas en la ontología del poder de turno. Cada dependencia del Estado, aborda con su planificación y praxis las distintas necesidades y problemáticas que la asolan, depositando en cada política publica su marca y visión del mundo particular. El ámbito de defensa no escapa a esta lógica que se ha materializado una vez mas con la derogación en el día de hoy de los decretos N° 683/18 y 703/18.
El acto, que no debería sorprender debido a las criticas apuntaladas en años anteriores sobre esta normativa, si trae un elemento que llama la atención: la restitución de la normativa sancionada en el año 2006. Para los mas legos, esta normativa es aquella que reglamenta, desarrolla y amplia la postura del Estado Nacional en su Ley de Defensa Nacional (Ley N° 23.554), manifestando el alcance y efecto de su letra hacia todos los actores que se vinculan a la defensa.
Ahora bien, esta vuelta sobre una reglamentación anterior en función de las discrepancias entre la actual gestión y la que se retiró en diciembre del año pasado nos permite hacer algunas breves reflexiones.
En primer lugar la lógica de volver sobre plexos normativos anteriores denota la pendularidad a la que se ha sumado también la política de defensa en nuestro país. En este sentido es importante recalcar que mientras que tanto la Ley de Defensa Nacional como su reglamentación deberían servir de quilla y vela, es la Directiva Política de Defensa Nacional (DPDN) la que establece el curso y los lineamientos de gestión de quien detente el poder en un periodo determinado. Haber posicionado a la reglamentación de la ley como pelota de frontón solo permite continuar con una cultura de marchas y contramarchas según quien detente el poder en un momento histórico determinado. Y si de momentos históricos hablamos podemos establecer otra cuestión que llama la atención.
La reglamentación que vuelve a posarse como hilo conductor de la Defensa Nacional, se pensó, redacto y estableció hace casi dos décadas, con un mundo muy distinto, donde la región mostraba un acompañamiento importante a la letra y espíritu de lo redactado entonces. Hoy el escenario no puede ser mas desigual. Si bien la normativa anterior dispuso un argumento similar al momento de ser establecida, sus lineamientos tuvieron eco en sostenidas criticas. El argumento de que el mundo cambió es hoy mas valido que nunca e implica un esfuerzo mayor de consensos, en especial a lo atinente a normativa que debe servir como vector de políticas de Estado.
Se habla de que esta normativa vuelve a un consenso pasado, aunque en definitiva no lo hace. El actual contexto en torno al debate de la Ley de Personal Militar, FONDEF, entre otras iniciativas son un parámetro inédito desde donde debería haberse parado una reglamentación de una Ley Nacional. No haberlo hecho de esta forma solo amplifica la política pendular en el ámbito y fragmentando posibilidades de consensos futuros. ¿Se podía haber avanzando en una propuesta superadora de la reglamentación? Seguramente si, mientras la amplitud del debate sea solida y sostenida.
Volver a pararnos en el pasado es seguir debatiendo consensos perimidos. Hoy el debate parece enfocado en conceptos debatidos durante la década del 80 y 90, entre el miedo a la tranquilidad democrática o la incongruente utilización de las Fuerzas Armadas dentro de las pésimamente llamadas “nuevas amenazas”. La actualidad es distinta, e incluso distante del periodo cercano a la caída de las torres en Nueva York. Hoy la realidad sopapea a las estructuras ancladas en pensamientos vetustos y carcome los intereses de distintas naciones desde todos los puntos del arco ideológico y esto sucede con amenazas versátiles que colisionan letalmente con estructuras rígidas o ancladas: desde Siria, Libia y Venezuela, hasta Afganistán, EE.UU y Ucrania.
El péndulo de la política partidaria no debería reflejarse en el ámbito de la Defensa, siendo esta una entelequia que aglutina a todas las fuerzas de la nación. Como tal, su desarrollo debe surgir de consensos reales que faciliten transitar un camino futuro plagado de incertidumbres y peligros.
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De acuerdo con la nota, aunque como deja entrever Mariano, la defensa es solo un sector más en el que el país actúa de manera “pendular”. Tenemos que adoptar políticas de estado para los sectores estratégicos: salud, educación, seguridad y por supuesto defensa.
Me gustaría que desarrollaran más cuales son los cambios que en la política de defensa que pretende el ejecutivo.
Hola. Mucho gusto en saludarlos Sres Zona Militar ⚔. Me gustaría sumarme a vuestro círculo militar ya que me interesa no solo la soberanía nacional Argentina, también tengo conocimientos amplios de geopolitica militar mundial. Saludos cordiales. Atte Eduardo Rosales.
Leyendo el buen texto de Gonzalez Lacroix me surgen dos conceptualizaciones: Por un lado el afianzamiento de la diferencia entre Seguridad y Defensa se vuelve actual y retoma una distinción esencial a nuestro sistema Democrático y que fue puntillosamente abandonada y desguazada por el gobierno anterior en aras del acercamiento al “·mundo”, tan distante de las políticas americanistas sustentadas desde el 2003 como de la necesidad de consolidar unas FF.AA preparadas para enfrentar los desafíos habituales.Una segunda conceptualización se posa en la carencia, efectivamente, de una Política de Estado para las FF.AA., en cuanto a equipamiento, capacitación del Personal y su profesionalización y ,el punto más difícil de hallar, las hipótesis de sus uso. Y aqui subyace la dificultad, tan bien marcada por el autor de esta nota: la ausencia de consensos para definir si las FF.AA. serán para la defensa del territorio nacional o ser gendarmes a cuenta de la influencia norteamericana en caso del “terrorismo” internacional, una definición, que sabrán disculpar la imagen, sirve para un fregado o un descosido.
Buenas! sugiero cambiar el verbo detentar por ejercer u ostentar, puesto que en un sistema democrático se supone la legitimidad del poder ejercido por un gobierno electo en las urnas de acuerdo con las leyes electorales en vigencia. Gracias.