El presidente estadounidense, Donald Trump movilizó a todas las fuerzas civiles y militares el domingo por la noche para poner fin a los saqueos y destrucción de la propiedad, asegurando que su “primer y más alto deber” era defender a la nación y no permitir que los “anarquistas” se apoderen de EE.UU.

“Lo que pasó ayer fue una vergüenza total”, subrayó el mandatario estadounidense, en referencia a los disturbios del domingo por la noche. Y afirmó que si las autoridades estatales y locales no son capaces de contener los disturbios, está dispuesto a desplegar al Ejército. “Rápidamente resolveré el problema por ellos”, expresó.

Ahora estoy desplegando miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y agentes de la ley para acabar con los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los asaltos y la destrucción sin sentido de la propiedad“.

La ola de violencia que azotó al país el domingo fue provocada por una serie de protestas a nivel nacional que repudian la muerte de George Floyd por parte de un oficial de la policía.

El lunes 25 de mayo en Minneapolis fue donde Floyd de 46 años, cometió el delito de comprar artículos en una tienda de conveniencia Cup Foods y pagó con dinero falso. Esta acción, fue el desencadenante de una serie de eventos que lo llevarían a su muerte, siendo víctima del abuso policial.

A raíz de este incidente, miles de personas indignadas protestaron en todo el país como repudio a lo que se considera un acto de racismo y opresión de la raza negra en EE.UU.

Ante esto, Trump dijo, “estoy movilizando todos los recursos federales y locales, civiles y militares, para proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley”, y continúo diciendo, “también estoy tomando medidas rápidas y decisivas para proteger a nuestra gran capital, Washington D.C.; lo que sucedió en esta ciudad anoche fue una desgracia total”.

Poco después de su declaración, las tropas de la Guardia Nacional fueron trasladadas a los terrenos de la Casa Blanca, donde tomaron posiciones. Los camiones transportaron soldados en la avenida Pennsylvania y llegaron cerca de la Casa Blanca frente a docenas de manifestantes cantando.

Los gobernadores de todo el país fueron incapaces de detener seis noches seguidas de disturbios en docenas de ciudades, lo que frustró al presidente quién declaró que “ya era suficiente”.

Trump instó a los gobernadores a desplegar unidades de la Guardia Nacional en cantidades lo suficientemente grandes como para que “dominemos las calles”. Y asimismo aseguró que los que destruyan propiedades serán castigados con todo el peso de la ley.

También afirmó que Estados Unidos necesita “seguridad, no anarquía“.

Trump quiere desplegar soldados pero, ¿puede hacerlo?

Según la Constitución de los Estados Unidos, los gobernadores generalmente tienen la autoridad para mantener el orden dentro de las fronteras estatales. Este principio se refleja en una ley llamada Posse Comitatus Act, que prohíbe el uso de militares como fuerzas del orden.

Así, la ley prohíbe al Ejército, las Fuerza Aérea y la Guardia Nacional ejercer atribuciones propias de las fuerzas de orden público, como la policía, en propiedades no federales dentro del territorio nacional de los Estados Unidos.

Sin embargo, la Ley de Insurrección (The Insurrection Act), que data de principios de 1800, crea una excepción a la Ley Posse Comitatus, y le permite al presidente emplear sus fuerzas armadas dentro de los Estados Unidos para reprimir el desorden civil, la insurrección y la rebelión.

La Ley de Insurrección ha sido invocada en docenas de ocasiones a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Desde el movimiento de derechos civiles de la década de 1960, su uso se ha vuelto “extremadamente raro”, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.

Robert Chesney, profesor de derecho de Seguridad Nacional en la Universidad de Texas, fue consultado sobre la posibilidad que el Congreso revoque la decisión del presidente de desplegar topas dentro del territorio estadounidense, a lo que Chesney aseveró que esto es muy improbable puesto que históricamente los tribunales han sido muy reacios a cuestionar las declaraciones de un presidente sobre cuestiones militares“, y agregó que, “la ley, a efectos prácticos, deja en manos del presidente los asuntos militares, con muy poca revisión judicial”.

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