La primera Reforma es Política

Las recientes declaraciones del Ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, minimizando el accionar de grupos Carapintadas durante los últimos años de la presidencia de Raúl Alfonsín, se suma a una lista cada vez mayor de desatinos en estos casi dos años al frente de la cartera.  Este nuevo hecho no hace más que revelar el problema más importante que atraviesa el sector de la Defensa Nacional en la República Argentina. Si bien las dificultades son graves y variadas, desde la magra asignación presupuestaria de las fuerzas que repercute en su formación, preparación, en el cumplimiento de sus misiones, en una antigüedad del equipamiento que ya ha cobrado vidas del personal, en fin, en cuestiones que repercuten en el día a día del personal tanto militar como civil. Un problema surge de un mismo lugar, de un mismo origen: la nula voluntad política de darle a las instituciones del sector el roll que deben ocupar en la agenda pública.

 Esta falta de voluntad política, la cual se remonta desde por lo menos 30 años, se traduce en la poca institucionalización del Ministerio de Defensa el cual ha tenido al frente del mismo a funcionarios que, salvo excepciones, si quiera poseían un conocimiento de la materia. Sus designaciones respondieron más a cuestiones de reparto y retribuciones de favores dentro de las coaliciones de gobierno que a su formación profesional y académica. Si analizamos las profesiones de los funcionarios antes de ocupar los cargos encontraremos desde abogados, los más numerosos, ingenieros, economistas, hasta un médico y un periodista, que se desempeñaron como Ministros de Defensa.

 Con esto no se pretende llegar al extremo de emular a países donde se designan al frente de los Ministerios o Secretarias a militares en actividad o retirados sino que exista la voluntad política de nombrar en esta cartera personal civil con experiencia y conocimiento, que su nombramiento se deba ya no a favores o retribuciones de algún tipo sino a su capacidad e idoneidad para el cargo que ocuparan. Sin ir más lejos, lo que se espera de todo funcionario que ocupe una posición dentro del sector público.  Para tal fin contamos con centros de formación de cuadros, como la Universidad de Defensa Nacional que forma tanto a civiles y militares, para conformar un verdadero funcionariado preparado y dedicado a la conducción, administración y planificación presente y futura de nuestro instrumento militar. Que sirvan como articulación entre los militares y la sociedad, de la cual forman parte y brindan su servicio y dedicación. Que sean canalizadores y articuladores de las necesidades del sector en los diversos reclamos que realizan, desde lo más presente como las remuneraciones del personal, hasta los medios requeridos para su formación, ejercitación, con los cuales llevara adelante su misión.

  Sin un funcionariado civil preparado y formado, con pleno conocimiento de la materia de la cual se han de encargar es imposible hacer entender a la sociedad que la necesaria reforma del instrumento militar de nuestra nación no solo se basa en una mera cuestión económica, no se resuelve únicamente adquiriendo nuevos sistemas de armas, o aumentado el presupuesto. Es necesaria una reforma integral del sistema de defensa nacional la cual debe nacer de la voluntad política, desde arriba hacia abajo, con una visión holística e integral, para que se adapte a los desafíos y particularidades del siglo XXI, sin perder de vista que la principal función de las FFAA, tal cual lo indica nuestra Ley de Defensa Nacional, es actuar “en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.”

 La primer gran Reforma no es cuantitativa, es cualitativa. Es nombrar al frente del Ministerio de Defensa funcionarios preparados, con conocimientos y vocación. Para ello es necesaria la voluntad política de nuestra dirigencia y de quienes ostentan la Jefatura del Estado para generar políticas publicas que vean un país más allá de la próxima elección, ya que la defensa de los intereses vitales de la Nación es tarea permanente e irrenunciable del Estado Argentino.