A través del decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018, el presidente Colombiano, Iván Duque, prorrogo por todo el 2019 la prohibición para el porte de armas en el territorio de esta nación.
La razón para la extensión de esta limitante fue y en palabras del presidente Duque que “El monopolio de las armas debe estar en manos del Estado”, reinstaurándose (más que manteniéndose, porque habían sido suspendidas por el comandante general de las Fuerzas Militares) el derecho a autorizaciones especiales. Igualmente en el decreto se pone de manifiesto una reducción en el número de homicidios con arma de fuego, en el período comprendido entre los años 2.016 y 2.018.
En este mismo sentido, la Policía de esta nación, a través de su Dirección de Seguridad Ciudadana considero oportuno prorrogar la restricción, como medio para reducir la ocurrencia de delitos cometidos con este tipo de armas.
Sin embargo la razón real de la prorroga de esta medida, se da por una fuerte presión de diversos sectores políticos colombianos, desatendiendo a su vez las solicitudes para su revocatoria provenientes de sectores importantes del comercio y la industria de este país, en momentos en que los niveles de inseguridad en las principales ciudades y poblaciones colombianas afectan de manera considerable tanto a particulares como a negocios y establecimientos comerciales, ante la ineficacia en su aplicación de los Planes Nacionales de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (Pnvcc).
Una medida controversial:
Y es que mientras se restringe y obstaculiza el porte legal a personas que para adquirir de manera legal armas, cumplen con una serie de estrictas condiciones (tanto jurídicas, como técnicas, médicas y psicológicas), por parte del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCA-GGFM), el comercio y porte de armas ilegales sigue en constante aumento, pues cerca del 91% de las armas de fuego incautadas por la fuerza pública, provienen precisamente de ese mercado ilegal, en donde pueden conseguirse diversos modelos desde los 200 dólares, mientras que el Estado Colombiano llega a cobrar por una pistola cifras aproximadas a los 2.000 dólares, fomentándose por tanto no solo el tráfico, sino la venta irregular de armas de fuego.
Las consecuentes repercusiones de lo anterior se reflejan en robos armados, extorsión y secuestros, que afectan exclusivamente a la población civil, hechos que parecen ser a propósito ignorados por esos sectores que presionan al gobierno para mantener las restricciones al porte legal de armas.
Por ello y si la situación de seguridad sigue deteriorándose y si además aumenta la percepción de la población en el sentido de que no se están tomando las medidas jurídicas y policiales para contrarrestar el accionar delictivo, esta nación podría de nuevo abocarse a épocas (no muy lejanas) en las que y frente a la fuerte presión de las organizaciones delictivas, la ciudadanía no tiene otra opción que organizarse, defenderse y aplicar justicia por propia mano, ante la desatención gubernamental y que se ha repetido sin cesar a lo largo de nuestra historia republicana.
No se justifica de manera alguna por tanto, la decisión política (no acorde con las realidades de seguridad y convivencia nacionales), de prorrogar restricciones que solo consiguen incentivar el comercio ilegal de armas y que se presenta además como una medida que beneficia más al que delinque y que por el contrario perjudica a quien solo pretende defenderse en ejercicio de sus derechos no solo a la legítima defensa, sino al porte de un arma de fuego, adquirida de acuerdo a los requisitos de ley.
