Defensa Nacional: una concreta Política de Estado todavía pendiente

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“El arte de la guerra nos enseña que no debemos confiar en la probabilidad que el enemigo no está acercándose, sino en nuestra propia disposición para recibirlo; no en la probabilidad que no nos ataque, sino en el hecho de que nosotros hayamos convertido nuestra posición en inexpugnable”.

Sun Tzu – El arte de la guerra.

INTRODUCCIÓN

Lo sucedido con el submarino clase TR 1700 ARA SAN JUAN, a partir de la perdida de contacto con el mismo el día 15 de noviembre del corriente año, desató un sin fin de afirmaciones y polémicas respecto al grado de deterioro de los medios con que cuentan las Fuerzas Armadas (FFAA), y sus causas, para tratar de cumplir con las misiones que le son propias.

En medio de este  torrente de opiniones, provenientes de casi todo el arco político, periodístico, académico y social, confluyen reclamos y posiciones extremas, desde la urgente e ineludible  recuperación de las capacidades de las FFAA hasta las de su eliminación habida cuenta que, así como están, no tiene sentido seguir manteniéndolas o que, aferrándose  al autoimpuesto y unilateral concepto de “ausencia de hipótesis de conflicto” tampoco justifica su utilidad, en la idea  que tal escenario pondría  a los intereses nacionales a resguardo  de cualquier amenaza o perturbación externa.

Pareciera entonces que, repentinamente, brotó un generalizado y, en algunos casos, genuino interés en cuanto que hay que hacer con las FFAA o, en otras palabras, que hacer con la prácticamente inexistente Política de Defensa con carácter de Política de Estado.

En tal sentido resulta común advertir que, con la llegada de nuevos gobiernos, casi rutinariamente, al poco tiempo surgen anuncios, por parte de las flamantes autoridades, de “transformación”, “reestructuración”, “modernización” o “reformulación” de las FFAA. En realidad, puede afirmarse que, desde 1983 hasta fines del 2015, poco y nada se avanzó seriamente. La mayoría de los proyectos quedaron a medio camino o se agotaron rápidamente, eso sí, siempre acompañados de innumerables planes, fugaces asignaciones o promesas presupuestarias, ampulosos documentos oficiales y altisonantes declamaciones políticas que solo servirían como antecedentes para el próximo intento.

Esta suma de tentativas inconclusas, a través de más de treinta años, casi siempre frustradas   por carecer del imprescindible respaldo político y/o de los recursos necesarios, fueron provocando, lentamente al principio, aceleradamente al final, la degradación en que hoy se encuentra inmerso el Instrumento Militar.

La llegada de una nueva gestión gubernamental, en diciembre del 2015, despertó, al menos en las Fuerzas Armadas, importantes expectativas sobre todo en cuanto a definiciones y acciones tendientes a darle “contenido” a una depreciada Política de Defensa sin dejar de considerar, obviamente, la entonces más que complicada situación económico- financiera del estado nacional.

 PERIODO 2016/2017

El lapso 2016/2017 se ha destacado por una serie de consideraciones vinculadas con la temática de la Defensa Nacional de parte de las máximas autoridades de las FFAA, particularmente el Presidente de la Nación y Ministros de Defensa, reproducidas profusamente por los medios de prensa,

De tales manifestaciones se desprendió la inicial voluntad, al menos proclamadas, de dar por cerrado un capitulo tan dañoso como de indiferencia para con las FFAA, reconociendo el deterioro al cual se llegó y la contribución que las mismas pueden aportar al desarrollo y la seguridad, en su sentido más amplio, de la Nación (1).

(1) “La situación en la que un Estado se considera resguardado contra agresiones militares, presiones políticas o coerciones económicas significativas, otorgándole libertad de acción para proseguir con su propio desarrollo y progreso”

A poco de asumir el Ingeniero Agrónomo Julio Martínez, primer Ministro de Defensa de la entonces nueva gestión de gobierno nacional, surgió el primer anuncio: su compromiso de llevar a cabo “un ambicioso y profundo plan de reforma de las instituciones armadas” en el término de sesenta días.

Desde entonces se sucedieron, con más o menos énfasis y en distintas oportunidades, menciones relativas a involucrar a las FFAA, al parecer en mayor grado que el permitido por la legislación vigente, en la lucha contra el narcotráfico y, más recientemente, contra el terrorismo internacional y/o ante ataques terroristas (2)

(2) En tal sentido vale reparar que no debe asociarse la actual misión del Comando Aeroespacial Conjunto, responsable del resguardo de la soberanía aeroespacial de la nación, con funciones propias del ámbito de la Seguridad Interior, tal el caso del combate contra el narcotráfico.

También, la necesidad proteger nuestras fronteras, las riquezas ictícolas y recursos naturales, aspectos estos últimos que, por otro lado, ya se encuentran expuestos, implícitamente, en el Art. 2 de la ley de Defensa Nacional.

Abundaron también referencias respecto a actividades ligadas al auxilio de la comunidad ante consecuencias derivadas de fenómenos climáticos, emergencias humanitarias y desastres tanto en el orden local como internacional (3)

(3) Cabe aclarar que tales actividades no son nada novedosas. Las FFAA, no solo en el ámbito nacional, realizan estas tareas tradicionalmente desde mucho tiempo antes sin necesidad que las definieran como misiones “subsidiarias o complementarias”.

Estas consideraciones insertas entre repetidas  versiones de nuevos roles, cierres y/o redespliegues de unidades, reducciones en las plantas de personal,  planes de ahorro, proyectos de reformas y/o modernización de las FFAA juntamente con intenciones de reequipamiento (“armas de otros tiempos desplegadas para otros tiempos”), relación con áreas sensibles (Ministerio de Seguridad y AFI), mayor gravitación del Estado Mayor Conjunto por sobre las Fuerzas , todas cuestiones ligadas o pendientes  del resultado de  dos procesos de redefinición del Instrumento militar, uno anunciado por el ex ministro Martínez y el segundo por el actual titular de la cartera de Defensa, quedaron sin determinación alguna después del transcurso de  dos años.

Comenzando el nuevo año el Ministro de Defensa manifiesta, en este caso,  la decisión política de actualizar la Ley Nº 19.101 (Ley para el personal militar) apuntando además, entre otros cambios, a profundizar la incorporación de personal civil en puestos estratégicos que no constituyen funciones de comando (las actividades no operativas serán cubiertas prioritariamente con personal civil), todo ello en el marco de “una modernización conceptual de las Fuerzas Armadas, en tiempos en que ya no existen hipótesis de conflicto” (diario la Nación 30 de diciembre de 2017).

Sin duda alguna que tal sucesión de anuncios sin indicios concretos en orden a la recuperación, al menos gradual de las capacidades operativas de las FFAA , no han hecho más que ahondar el largo ciclo de degradación de las mismas, tanto en lo material como el grado de incertidumbre y frustración del personal que las integra.

Sentimientos de incertidumbre u frustración que se acrecientan cuando toman estado público expresiones supuestamente emitidas desde los más altos cargos del gobierno nacional: “…. hay que unificar y reducir gastos, acostúmbrense a que no hay plata” (refiriéndose obviamente a las FFAA).

En ese sentido debiera aclararse que, si “no hay plata”, es la política la que ha decidido que “no haya plata para la Defensa Nacional”, no para los militares”. Los militares se manejarán con los fondos que la política fije cumpliendo sus misiones con los límites que los mismos impongan.

CONCLUSIONES

Resulta claro que todas la intenciones y decisiones referida a reformulaciones, modernización, reestructuración del Instrumento Militar, o como prefieran llamarla, de poco o nada sirven de imaginar o aplicar acciones que no tengan una correlación armoniosa entre ellas. Esa articulación, entre las definiciones políticas, las misiones asignadas, y todo lo que a partir de allí se desprendan (capacidades operacionales, ámbitos y tareas o funciones de responsabilidad, estructuras orgánicas, dimensionamiento, despliegues, previsiones presupuestarias, entre tantos otros factores), es lo que debiera precisarse cuanto antes mediante una renovada Directiva de Política de Defensa Nacional. Tal instrumento está definido en el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional como el documento del más alto nivel de Planeamiento, del cual deben derivar los principales lineamientos de la Política de Defensa y de la Política Militar (4).

(4) El Decreto 1714/2009 fijó la primer Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN). Por Decreto 2645/2014 se actualizó la DPDN, aún vigente.

Por otra parte, es transcendente advertir que es imprescindible  “la protección efectiva de nuestras riquezas ictícolas y recursos naturales”, ejerciendo consecuentemente la vigilancia de nuestros espacios soberanos en “tiempo de paz”, como también sumamente útil contribuir con el estado mediante la ejecución de misiones subsidiarias,  sin embargo no debe ignorarse, olvidarse o depreciarse  que la razón  de la existencia de FFAA, como parte del estado, es su misión esencial: estar en condiciones de  garantizar y salvaguardar los intereses vitales de la Nación, cuáles son los de su soberanía, independencia y autodeterminación, su integridad territorial y la vida y libertad de sus habitantes” ante cualquier circunstancia que los perturbe o amenace.

La cantidad y calidad de defensa nacional del país la establecen sus gobernantes, los militares son simplemente los ejecutores de esas determinaciones. En otras palabras, los niveles presupuestarios asignados definen básicamente dos cosas, lo que se puede hacer y cuáles son los riesgos por lo que no se hace y, estos últimos, sin duda alguna, resultan responsabilidad ineludible de la política.

Simplemente queda por expresar que, si desde la política se considera un gasto inútil el mantenimiento de las FFAA, porque no se le encuentra motivo suficiente a su existencia, muchas veces manifestado a través de la expresión “FFAA ¿para qué están? sería más conveniente asumir públicamente tal visión, desprenderse de ellas constitucionalmente y no cargar al estado con el sostén de un pseudo instrumento militar debilitado a punto tal de ser incapaz de cumplir con su misión principal. No obstante, lo expresado sería más que prudente, antes de considerar una decisión semejante, consultar a nuestros más cercanos vecinos, en la región, que los impulsa a mantener las FFAA de las cuales disponen. Quizás nos enteremos entonces cuál es la utilidad que ellos le otorgan.

1 COMENTARIO

  1. La constitución debe cumplirse. Las FFAA deben existir por que así lo declara. Todos nos debemos a ella. Ciudadanos (incluso políticos), religiosos y militares. Las funciones de civiles y militares también están determinadas. Las leyes se promulgan en el marco constitucional. Una ley no puede modificar la constitución axcepto que sea promulgada para ello. No hay razón a la vista para modificarla, al menos por éste tema. A cumplir la constitución!

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