Veteranos de picana y capucha
Por Laureano Barrera
El estado pensiona con honores a torturadores de la ESMA y a dos condenados por crimenes de lesa humanidad.
Sus subordinados de la Armada lo llamaban Honda. El 28 de enero de 1980, el capitán de navío Edgardo Aroldo Otero asumió como director de la Escuela de Mecánica de la Armada. Pronto fue nombrado comandante del reputado grupo de tareas 3.3.2, y a partir de enero de 1982, Jefe de Operaciones del Comando en Jefe de la Armada. El 14 de junio de este año, el juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral un tramo de la causa judicial donde se lo responsabiliza como autor de 124 privaciones ilegales de la libertad agravada y dos casos de tormentos seguidos de muerte: Raimundo Villaflor, a quien –según dos versiones distintas– asesinaron a golpes o torturaron hasta matar, y Julio Jorge Villar, quien llegó herido del secuestro y estuvo chupado en la Esma hasta morir.
Entre abril y julio de 1982, siendo ya contraalmirante, Honda pidió una licencia: fue asignado a la Guerra de Malvinas. El “Informe Rattenbach” –realizado por una comisión de la propia dictadura– les achacó a él y otros jerarcas “fallas en la conducción”. En su procesamiento, Otero fue embargado por 285 millones de pesos. Sin embargo, el Estado le brinda un aliciente: todos los meses un apoderado suyo pasa –a menos que el contraalmirante goce de salidas transitorias– por la calle Federico Lacroze al 2668, en la sede de Colegiales de Banco Nación, a retirar los 3.000 pesos que le paga el Estado Nacional en concepto de una pensión de honor.
El sinsentido es posible gracias al Decreto 886/05 de Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, promulgado en 2005 por Néstor Kirchner. La pensión para ex combatientes de Malvinas había sido arrancada en acampes sudorosos durante el menemismo, pero nunca pergeñada para los jefes militares que fueron a la guerra enrolados en el Ejército y cobrando un sueldo. En 2004, en señal de buena voluntad, Kirchner triplicó el monto del beneficio a tres jubilaciones mínimas, alrededor de 3.000 pesos. El dulce se volvió tentador y las autoridades militares presionaron por su inclusión. El Decreto 886/05, que extendió el beneficio a 3.500 oficiales y suboficiales, impuso a los favorecidos restricciones muy laxas: sólo excluyó a los condenados por violación de los derechos humanos, traición a la Patria, o delitos contra el orden constitucional y la vida democrática.
El Centro de Ex Combatientes de La Plata (Cecim) advirtió entonces que era un agujero negro: alentados por el espíritu de cuerpo y los padrones inflados, iban a filtrarse entre los pensionados las bestias de la noche militar. Pero los ideólogos del decreto ni oyeron advertencias, ni enmendaron en el lustro siguiente su error. Sólo la denuncia del Cecim a través de la prensa impidió que el Tigre Acosta y la plana mayor de la Esma accedieran al beneficio. Incluso Alfredo Astiz, condenado a reclusión perpetua por la Justicia francesa y la italiana por secuestros y desapariciones, cumple con los requisitos para pedirlo: no ha sido condenado aún, aunque sus crímenes sean tan célebres y autóctonos como la birome o el dulce de leche.
Luego de la promulgación del Decreto 886/05, los beneficios se ampliaron también en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, sin ningún control. El Cecim, junto a la Defensoría Ciudadana porteña, han detectado que Gonzalo Gómez Centurión, que según denuncias de conscriptos piloteaba los vuelos que partían de La Cueva de Mar del Plata, cobra su pensión en la ciudad.
Verdugos del honor.
Era una noche cerrada en las Salinas del Bebedero, un paraje 35 kilómetros al oeste de San Luis, en la primavera del ’76. Sólo los faros de tres autos sin patente desgarraban la oscuridad. El haz de luz de uno de ellos apuntaba a Graciela Fiochetti, una militante peronista de 22 años –o lo que quedaba de ella, porque había pasado días terribles en La Escuelita y La Granja, dos chupaderos feroces–, y a otro joven, posiblemente Sandro Alcaraz.
–¿Van a hablar o no van a hablar? –preguntó el verdugo apuntándolos con el arma.
Al silencio espeso lo desgarró el fogonazo del arma. La pericia judicial confirmó que los ejecutó en la nuca, a no más de 60 centímetros de distancia, mientras estaban arrodillados hacia el piso.
Casi tres décadas después, el 16 de agosto del 2005, el ex subjefe de la policía de San Luis, Carlos Esteban Plá, inició en la Anses –estando prófugo de la justicia– el trámite para cobrar su pensión de honor: según los registros, fue destinado a Malvinas. El 7 de noviembre se la otorgaron.
En su edición del 14 de junio de 2009, Miradas al Sur había denunciado este caso y el de otros 31 honorables pensionados involucrados en crímenes de lesa humanidad en campos de exterminio, o en torturas a los propios conscriptos durante la guerra. Entre ellos, se encontraban el del fugaz gobernador de las Islas y sobrino del genocida cordobés, Mario Menéndez, o el coronel Ernesto Hugo Kishimoto, requerido por la Justicia formoseña que cobró su pensión durante el año y medio que permaneció prófugo.
A más de un año, la lista del Cecim ha crecido a 39, incluyendo 14 procesados con prisión preventiva –varios de ellos están siendo juzgados actualmente– y cinco jerarcas de la guerra, acusados en el Informe Rattenbach de haber tenido responsabilidad política, estratégica y penal en la derrota bélica. El tiempo y la investigación judicial siguen descorriendo velos: algunos pilotos aeronavales –tan ponderados por su eficacia en el cielo de las Islas–, como Néstor Santiago Barrios y el capitán de fragata Enrique Carlos Isaola, habían acumulado experiencia sobre el Río de la Plata, en los vuelos de la muerte.
La desidia estatal es tanta, que Carlos Plá, condenado a reclusión perpetua en marzo de 2009, sigue cobrando el beneficio (beneficio Nº 43-0-0001903-0), y ahora se le suma el ex coronel César Fragni: sentenciado hace varios meses a ocho años de prisión por su rol en el asesinato de Floreal Avellaneda, de 14 años, cuyo cadáver torturado y atado de pies y manos apareció flotando en la costa uruguaya. Para consultar sobre ambos casos, este diario se comunicó con la Unidad de la Anses, que dirige el ex combatiente Carlos Monasterio, pero ni en la privada ni en la oficina de prensa se aventuraron a intentar un subterfugio medianamente digno.
Veteranos de picana y capucha | Miradas al Sur
http://sur.elargentino.com/sites/default/files/31-anses.jpg?1287889600
Por Laureano Barrera
El estado pensiona con honores a torturadores de la ESMA y a dos condenados por crimenes de lesa humanidad.
Sus subordinados de la Armada lo llamaban Honda. El 28 de enero de 1980, el capitán de navío Edgardo Aroldo Otero asumió como director de la Escuela de Mecánica de la Armada. Pronto fue nombrado comandante del reputado grupo de tareas 3.3.2, y a partir de enero de 1982, Jefe de Operaciones del Comando en Jefe de la Armada. El 14 de junio de este año, el juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral un tramo de la causa judicial donde se lo responsabiliza como autor de 124 privaciones ilegales de la libertad agravada y dos casos de tormentos seguidos de muerte: Raimundo Villaflor, a quien –según dos versiones distintas– asesinaron a golpes o torturaron hasta matar, y Julio Jorge Villar, quien llegó herido del secuestro y estuvo chupado en la Esma hasta morir.
Entre abril y julio de 1982, siendo ya contraalmirante, Honda pidió una licencia: fue asignado a la Guerra de Malvinas. El “Informe Rattenbach” –realizado por una comisión de la propia dictadura– les achacó a él y otros jerarcas “fallas en la conducción”. En su procesamiento, Otero fue embargado por 285 millones de pesos. Sin embargo, el Estado le brinda un aliciente: todos los meses un apoderado suyo pasa –a menos que el contraalmirante goce de salidas transitorias– por la calle Federico Lacroze al 2668, en la sede de Colegiales de Banco Nación, a retirar los 3.000 pesos que le paga el Estado Nacional en concepto de una pensión de honor.
El sinsentido es posible gracias al Decreto 886/05 de Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, promulgado en 2005 por Néstor Kirchner. La pensión para ex combatientes de Malvinas había sido arrancada en acampes sudorosos durante el menemismo, pero nunca pergeñada para los jefes militares que fueron a la guerra enrolados en el Ejército y cobrando un sueldo. En 2004, en señal de buena voluntad, Kirchner triplicó el monto del beneficio a tres jubilaciones mínimas, alrededor de 3.000 pesos. El dulce se volvió tentador y las autoridades militares presionaron por su inclusión. El Decreto 886/05, que extendió el beneficio a 3.500 oficiales y suboficiales, impuso a los favorecidos restricciones muy laxas: sólo excluyó a los condenados por violación de los derechos humanos, traición a la Patria, o delitos contra el orden constitucional y la vida democrática.
El Centro de Ex Combatientes de La Plata (Cecim) advirtió entonces que era un agujero negro: alentados por el espíritu de cuerpo y los padrones inflados, iban a filtrarse entre los pensionados las bestias de la noche militar. Pero los ideólogos del decreto ni oyeron advertencias, ni enmendaron en el lustro siguiente su error. Sólo la denuncia del Cecim a través de la prensa impidió que el Tigre Acosta y la plana mayor de la Esma accedieran al beneficio. Incluso Alfredo Astiz, condenado a reclusión perpetua por la Justicia francesa y la italiana por secuestros y desapariciones, cumple con los requisitos para pedirlo: no ha sido condenado aún, aunque sus crímenes sean tan célebres y autóctonos como la birome o el dulce de leche.
Luego de la promulgación del Decreto 886/05, los beneficios se ampliaron también en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, sin ningún control. El Cecim, junto a la Defensoría Ciudadana porteña, han detectado que Gonzalo Gómez Centurión, que según denuncias de conscriptos piloteaba los vuelos que partían de La Cueva de Mar del Plata, cobra su pensión en la ciudad.
Verdugos del honor.
Era una noche cerrada en las Salinas del Bebedero, un paraje 35 kilómetros al oeste de San Luis, en la primavera del ’76. Sólo los faros de tres autos sin patente desgarraban la oscuridad. El haz de luz de uno de ellos apuntaba a Graciela Fiochetti, una militante peronista de 22 años –o lo que quedaba de ella, porque había pasado días terribles en La Escuelita y La Granja, dos chupaderos feroces–, y a otro joven, posiblemente Sandro Alcaraz.
–¿Van a hablar o no van a hablar? –preguntó el verdugo apuntándolos con el arma.
Al silencio espeso lo desgarró el fogonazo del arma. La pericia judicial confirmó que los ejecutó en la nuca, a no más de 60 centímetros de distancia, mientras estaban arrodillados hacia el piso.
Casi tres décadas después, el 16 de agosto del 2005, el ex subjefe de la policía de San Luis, Carlos Esteban Plá, inició en la Anses –estando prófugo de la justicia– el trámite para cobrar su pensión de honor: según los registros, fue destinado a Malvinas. El 7 de noviembre se la otorgaron.
En su edición del 14 de junio de 2009, Miradas al Sur había denunciado este caso y el de otros 31 honorables pensionados involucrados en crímenes de lesa humanidad en campos de exterminio, o en torturas a los propios conscriptos durante la guerra. Entre ellos, se encontraban el del fugaz gobernador de las Islas y sobrino del genocida cordobés, Mario Menéndez, o el coronel Ernesto Hugo Kishimoto, requerido por la Justicia formoseña que cobró su pensión durante el año y medio que permaneció prófugo.
A más de un año, la lista del Cecim ha crecido a 39, incluyendo 14 procesados con prisión preventiva –varios de ellos están siendo juzgados actualmente– y cinco jerarcas de la guerra, acusados en el Informe Rattenbach de haber tenido responsabilidad política, estratégica y penal en la derrota bélica. El tiempo y la investigación judicial siguen descorriendo velos: algunos pilotos aeronavales –tan ponderados por su eficacia en el cielo de las Islas–, como Néstor Santiago Barrios y el capitán de fragata Enrique Carlos Isaola, habían acumulado experiencia sobre el Río de la Plata, en los vuelos de la muerte.
La desidia estatal es tanta, que Carlos Plá, condenado a reclusión perpetua en marzo de 2009, sigue cobrando el beneficio (beneficio Nº 43-0-0001903-0), y ahora se le suma el ex coronel César Fragni: sentenciado hace varios meses a ocho años de prisión por su rol en el asesinato de Floreal Avellaneda, de 14 años, cuyo cadáver torturado y atado de pies y manos apareció flotando en la costa uruguaya. Para consultar sobre ambos casos, este diario se comunicó con la Unidad de la Anses, que dirige el ex combatiente Carlos Monasterio, pero ni en la privada ni en la oficina de prensa se aventuraron a intentar un subterfugio medianamente digno.
Veteranos de picana y capucha | Miradas al Sur
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