El Conflicto Interno en Colombia
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Caballero Negro
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Caballero Negro
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Capturados responsables de la ejecución de menor reclutada por las Farc
Sebastian
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Como los cuenteros…
En el proceso de paz colombiano o entramos todos o no hay posibilidad de reconciliación
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/18/america/1450475520_165064.html
Sebastian
Colaborador
Colombia: en qué se diferencia la justicia especial de paz para los militares de la de los guerrilleros
Redacción BBC Mundo
Image copyright Presidencia de Colombia Image caption El presidente Santos le dijo a las fuerzas de seguridad: "No van a estar nunca en inferioridad de condiciones (respecto a las FARC)".
Las fuerzas militares y la policía de Colombia, así como otros agentes del Estado, pasarán por la misma Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en caso de que el gobierno y el grupo rebelde lleguen a un acuerdo definitivo de paz tras en las negociaciones que llevan adelante en La Habana desde hace más de tres años.
Así fue anunciado por el gobierno este sábado durante un acto de ascenso de generales de las Fuerzas Militares.
En un discurso pronunciado en el marco de ese evento, el presidente Juan Manuel Santos hizo hincapié en que la decisión de que los agentes del Estado sean sometidos a la JEP no fue negociada o acordada en Cuba, sino una decisión autónoma de su gobierno.
Dijo que así se lo había prometido a los altos mando de las Fuerzas Militares.
No obstante, de parte de las FARC siempre se escuchó que el sistema de justicia que se acordara en las negociaciones debía alcanzar a todos: guerrilleros, agentes del Estado, civiles, cualquiera que haya cometido crímenes durante el conflicto de más de 50 años, que dejó más de 220.000 muertos y no menos de 7 millones de víctimas.
A quiénes aplica
La JEP fue anunciada el 15 de diciembre en La Habana, como parte del sistema sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición, en el marco de la firma del acuerdo sobre el punto de víctimas (uno de los cinco puntos de la agenda de negociación de paz, del que sólo falta firmar el del fin del conflicto).
Según el texto firmado por las FARC y el gobierno, el componente de justicia de lo acordado se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado.
Image copyright AFP Image caption El 15 de diciembre se anunció el acuerdo sobre víctimas en La Habana, donde gobierno y FARC negocian desde hace tres años.
"También", dice, "serán de competencia de la jurisdicción especial para la paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones". Eso puede terminar comprometiendo a civiles, políticos y empresarios.
La gran excepción del JEP es el caso de quienes hayan sido presidentes de Colombia. Si la JEP llegara a obtener información que los pueda comprometer, deberá ser la Cámara de Representantes para que decida qué hacer.
Image copyright Reuters Image caption No todos en Colombia están de acuerdo con la negociación.
El acuerdo del punto de víctimas no fue bien recibido por todos los colombianos.
Entre otros fue criticado por el expresidente Álvaro Uribe, quien cuenta con un importante respaldo entre la población.
Para Uribe el acuerdo es débil respecto al tratamiento jurídico de las FARC.
Diferenciado
En el acto de este sábado, el presidente Santos indicó que aunque el régimen para los agentes del Estado formará parte del JEP, será diferenciado.
"No van a estar nunca en inferioridad de condiciones (respecto a las FARC)", dijo.
Pero será simultáneo, equilibrado y equitativo, lo cual, aunque no fue aclarado, puede interpretarse como que para similares crímenes recibirán similares condenas.
Image copyright Presidencia de Colombia Image caption El anuncio fue hecho en un acto de ascensos de generales.
Pero hay algunas salvedades.
Una, en especial, que protegerá a los oficiales de su responsabilidad de mando, porque obligará a que se pruebe que tuvieron control efectivo de posibles conductas –y medios de prevenirlas– criminales de sus subordinados.
"Sólo serán acusados y juzgados los directamente responsables", dijo Santos.
Otra es que las sanciones de prisión efectiva que reciban se cumplirán en prisiones propias de la fuerza pública.
Ejercicio legítimo de la fuerza
La JEP prevé tres vías para aquellos que cometieron crímenes a lo largo del conflicto.
Dos conducen a prisión efectiva: una de entre 15 y 20 años de prisión para aquellos que no reconozcan su responsabilidad y una de entre 5 y 8 años para quienes lo hagan de forma tardía.
Quienes cuenten la verdad al inicio podrán acceder a penas privativas de la libertad (que ni el gobierno ni las FARC han aclarado aún en qué consisten).
Image copyright AP Image caption Los colombianos tendrán la oportunidad de votar para validar o rechazar los acuerdos de La Habana, ha dicho el presidente Santos.
Un punto contencioso de lo anunciado por Santos es el que indicó que la razón fundamental del trato diferencial para los agentes del Estado, es que ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales.
Algunos creen que justamente por ese motivo sus crímenes deberían ser castigados con mayor severidad.
Reducción de penas
"Es clave para el presidente Santos dar un mensaje de respaldo a las fuerzas militares y mostrar que ese sector gana con los acuerdos de paz", explicó el corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Natalio Cosoy.
"Una gran proporción de la población de Colombia ven con desagrado que las fuerzas de seguridad, que tienen en general una muy buena imagen entre la opinión pública, reciban un tratamiento similar al de las FARC", agregó.
Como dando respuesta a ese tipo de preocupaciones, Santos dio una precisión que fue recibida con
en el acto de ascenso de generales.
"Nuestros soldados y nuestros policías que hoy están en la cárcel, que hoy están cumpliendo una pena, podrán someter ante ese tribunal (de la JEP) una revisión de su caso; y en muchos casos automáticamente saldrán libres, porque la pena será mucho menor a la que se le impuso", dijo.
No aclaró si sucederá lo mismo o no con guerrilleros de las FARC presos hoy
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151219_colombia_jurisdisccion_especial_paz_justicia_nc
Redacción BBC Mundo
- 3 horas
Image copyright Presidencia de Colombia Image caption El presidente Santos le dijo a las fuerzas de seguridad: "No van a estar nunca en inferioridad de condiciones (respecto a las FARC)".
Las fuerzas militares y la policía de Colombia, así como otros agentes del Estado, pasarán por la misma Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en caso de que el gobierno y el grupo rebelde lleguen a un acuerdo definitivo de paz tras en las negociaciones que llevan adelante en La Habana desde hace más de tres años.
Así fue anunciado por el gobierno este sábado durante un acto de ascenso de generales de las Fuerzas Militares.
En un discurso pronunciado en el marco de ese evento, el presidente Juan Manuel Santos hizo hincapié en que la decisión de que los agentes del Estado sean sometidos a la JEP no fue negociada o acordada en Cuba, sino una decisión autónoma de su gobierno.
Dijo que así se lo había prometido a los altos mando de las Fuerzas Militares.
No obstante, de parte de las FARC siempre se escuchó que el sistema de justicia que se acordara en las negociaciones debía alcanzar a todos: guerrilleros, agentes del Estado, civiles, cualquiera que haya cometido crímenes durante el conflicto de más de 50 años, que dejó más de 220.000 muertos y no menos de 7 millones de víctimas.
A quiénes aplica
La JEP fue anunciada el 15 de diciembre en La Habana, como parte del sistema sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición, en el marco de la firma del acuerdo sobre el punto de víctimas (uno de los cinco puntos de la agenda de negociación de paz, del que sólo falta firmar el del fin del conflicto).
Según el texto firmado por las FARC y el gobierno, el componente de justicia de lo acordado se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado.
Image copyright AFP Image caption El 15 de diciembre se anunció el acuerdo sobre víctimas en La Habana, donde gobierno y FARC negocian desde hace tres años.
"También", dice, "serán de competencia de la jurisdicción especial para la paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones". Eso puede terminar comprometiendo a civiles, políticos y empresarios.
La gran excepción del JEP es el caso de quienes hayan sido presidentes de Colombia. Si la JEP llegara a obtener información que los pueda comprometer, deberá ser la Cámara de Representantes para que decida qué hacer.
Image copyright Reuters Image caption No todos en Colombia están de acuerdo con la negociación.
El acuerdo del punto de víctimas no fue bien recibido por todos los colombianos.
Entre otros fue criticado por el expresidente Álvaro Uribe, quien cuenta con un importante respaldo entre la población.
Para Uribe el acuerdo es débil respecto al tratamiento jurídico de las FARC.
Diferenciado
En el acto de este sábado, el presidente Santos indicó que aunque el régimen para los agentes del Estado formará parte del JEP, será diferenciado.
"No van a estar nunca en inferioridad de condiciones (respecto a las FARC)", dijo.
Pero será simultáneo, equilibrado y equitativo, lo cual, aunque no fue aclarado, puede interpretarse como que para similares crímenes recibirán similares condenas.
Image copyright Presidencia de Colombia Image caption El anuncio fue hecho en un acto de ascensos de generales.
Pero hay algunas salvedades.
Una, en especial, que protegerá a los oficiales de su responsabilidad de mando, porque obligará a que se pruebe que tuvieron control efectivo de posibles conductas –y medios de prevenirlas– criminales de sus subordinados.
"Sólo serán acusados y juzgados los directamente responsables", dijo Santos.
Otra es que las sanciones de prisión efectiva que reciban se cumplirán en prisiones propias de la fuerza pública.
Ejercicio legítimo de la fuerza
La JEP prevé tres vías para aquellos que cometieron crímenes a lo largo del conflicto.
Dos conducen a prisión efectiva: una de entre 15 y 20 años de prisión para aquellos que no reconozcan su responsabilidad y una de entre 5 y 8 años para quienes lo hagan de forma tardía.
Quienes cuenten la verdad al inicio podrán acceder a penas privativas de la libertad (que ni el gobierno ni las FARC han aclarado aún en qué consisten).
Image copyright AP Image caption Los colombianos tendrán la oportunidad de votar para validar o rechazar los acuerdos de La Habana, ha dicho el presidente Santos.
Un punto contencioso de lo anunciado por Santos es el que indicó que la razón fundamental del trato diferencial para los agentes del Estado, es que ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales.
Algunos creen que justamente por ese motivo sus crímenes deberían ser castigados con mayor severidad.
Reducción de penas
"Es clave para el presidente Santos dar un mensaje de respaldo a las fuerzas militares y mostrar que ese sector gana con los acuerdos de paz", explicó el corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Natalio Cosoy.
"Una gran proporción de la población de Colombia ven con desagrado que las fuerzas de seguridad, que tienen en general una muy buena imagen entre la opinión pública, reciban un tratamiento similar al de las FARC", agregó.
Como dando respuesta a ese tipo de preocupaciones, Santos dio una precisión que fue recibida con
en el acto de ascenso de generales."Nuestros soldados y nuestros policías que hoy están en la cárcel, que hoy están cumpliendo una pena, podrán someter ante ese tribunal (de la JEP) una revisión de su caso; y en muchos casos automáticamente saldrán libres, porque la pena será mucho menor a la que se le impuso", dijo.
No aclaró si sucederá lo mismo o no con guerrilleros de las FARC presos hoy
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151219_colombia_jurisdisccion_especial_paz_justicia_nc
Caballero Negro
Colaborador
Que mamadera de gallo como decimos en Colombia ese acuerdo de justicia:
Humberto de la Calle explica apartes del acuerdo firmado con las Farc
Humberto de la Calle explica apartes del acuerdo firmado con las Farc
Caballero Negro
Colaborador
Que tal las protuberantes contradicciones entre los plenipotenciarios de las farc y el gobierno frente al tema de las armas, o es entrega o es dejación, hay destrucción o van a hacer política con las armas guardadas por si acaso las necesitan, esto no es solo un problema semántico como lo quiere hacer ver el señor Jaramillo sino material, farc con funciones de policía? bueno, como odo es susceptible de ser negociado
Sergio Jaramillo habló sobre acuerdo y dejación de las armas de las Farc
Ivan marquez
Sergio Jaramillo habló sobre acuerdo y dejación de las armas de las Farc
Ivan marquez
Caballero Negro
Colaborador
Acuerdo para la impunidad
103 días después del anuncio de un acuerdo sobre “justicia” que no existía, por fin se firmó con las Farc. Confirma nuestros temores:
Es un acuerdo de impunidad. Por un lado, establece que el Estado amnistiará o indultará todos los delitos políticos y conexos cometidos por las Farc. La trampa está en que no se usarán los criterios de conexidad existentes hoy, sino otros según los cuales también son conexos el asesinato y secuestro de militares y policías y todas las conductas “dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”, entiéndase los de Teodora y el narcotráfico. Es una violación de las obligaciones internacionales: en la Convención de Viena sobre narcotráfico se establece que ese crimen y los relacionados “no se considerarán como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados”. Pero la impunidad es peor: según el acuerdo “se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, cuando no existiera en el derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de que se hubiera acusado a los rebeldes”. Es decir, cubrirán delitos típicamente comunes. Por supuesto, el Gobierno se compromete a hacer las reformas constitucionales: hoy solo son posibles las amnistías por delitos políticos y conexos y el narcotráfico está excluido de
la conexidad.
Por el otro, los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no tendrán penas reales ni efectivas. Se ha pactado que a) no habrá penas de cárcel ni de ningún tipo de privación de libertad, b) las “sanciones” serán de dos (sí, dos) a ocho años, y c) las que se impongan “no inhabilitarán para la participación política ni limitarán el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. En otras palabras, secuestradores, violadores, asesinos, terroristas y narcotraficantes podrán ser elegidos congresistas, alcaldes y gobernadores sin ningún tipo de restricción.
El acuerdo no es sostenible. Se dirige a dejar sin pena efectiva los crímenes de lesa humanidad y de guerra y, por tanto, se abre la puerta a la competencia de la Corte Penal Internacional.
El acuerdo atenta contra la institucionalidad. A diferencia de todos y cada uno de los procesos de paz anteriores en Colombia, en este caso se deja de lado el sistema de administración de justicia nacional y no se aplicará la ley colombiana. Se crea un “tribunal especial de paz” distinto a los nacionales y será ese tribunal el que defina los tipos penales, las “penas” y el procedimiento penal aplicables, dentro de los límites definidos por Farc y Gobierno. La escogencia de los miembros del tribunal especial quedó para resolverse “por mutuo acuerdo y antes de la firma del acuerdo final”. Aplazaron que las Farc, directa o indirectamente, definirán los jueces que habrán de juzgarlos a ellos y a los militares y policías que los combatieron. Además, ese tribunal especial estará por encima de la administración de justicia nacional y de las altas Cortes y ejercerá sus “funciones judiciales de manera autónoma y preferente”.
El acuerdo no garantiza la verdad. Para las Farc y el Gobierno la verdad es “esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos” no que los criminales cuenten y asuman la responsabilidad de todos y cada uno de los delitos que han cometido. En ningún lado se establece la obligación de confesar todos los delitos cometidos ni las sanciones por no hacerlo integralmente, a diferencia de lo que ocurre en ley de Justicia y Paz.
Sobre reparación, lavado de activos y tratamiento desigual para los miembros de la Fuerza Pública, es necesaria otra columna.
Mientras tanto, por fin se hizo justicia en el caso Plazas Vega. Es indispensable investigar a los fiscales que alimentaron a los falsos testigos e inventaron al menos uno. Quedan muchos casos flagrantes de militares injustamente privados de su libertad, el general Uscátegui de primero.
Fuente: http://www.elcolombiano.com/acuerdo-para-la-impunidad-HE3314548
103 días después del anuncio de un acuerdo sobre “justicia” que no existía, por fin se firmó con las Farc. Confirma nuestros temores:
Es un acuerdo de impunidad. Por un lado, establece que el Estado amnistiará o indultará todos los delitos políticos y conexos cometidos por las Farc. La trampa está en que no se usarán los criterios de conexidad existentes hoy, sino otros según los cuales también son conexos el asesinato y secuestro de militares y policías y todas las conductas “dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”, entiéndase los de Teodora y el narcotráfico. Es una violación de las obligaciones internacionales: en la Convención de Viena sobre narcotráfico se establece que ese crimen y los relacionados “no se considerarán como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados”. Pero la impunidad es peor: según el acuerdo “se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, cuando no existiera en el derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de que se hubiera acusado a los rebeldes”. Es decir, cubrirán delitos típicamente comunes. Por supuesto, el Gobierno se compromete a hacer las reformas constitucionales: hoy solo son posibles las amnistías por delitos políticos y conexos y el narcotráfico está excluido de
la conexidad.
Por el otro, los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no tendrán penas reales ni efectivas. Se ha pactado que a) no habrá penas de cárcel ni de ningún tipo de privación de libertad, b) las “sanciones” serán de dos (sí, dos) a ocho años, y c) las que se impongan “no inhabilitarán para la participación política ni limitarán el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. En otras palabras, secuestradores, violadores, asesinos, terroristas y narcotraficantes podrán ser elegidos congresistas, alcaldes y gobernadores sin ningún tipo de restricción.
El acuerdo no es sostenible. Se dirige a dejar sin pena efectiva los crímenes de lesa humanidad y de guerra y, por tanto, se abre la puerta a la competencia de la Corte Penal Internacional.
El acuerdo atenta contra la institucionalidad. A diferencia de todos y cada uno de los procesos de paz anteriores en Colombia, en este caso se deja de lado el sistema de administración de justicia nacional y no se aplicará la ley colombiana. Se crea un “tribunal especial de paz” distinto a los nacionales y será ese tribunal el que defina los tipos penales, las “penas” y el procedimiento penal aplicables, dentro de los límites definidos por Farc y Gobierno. La escogencia de los miembros del tribunal especial quedó para resolverse “por mutuo acuerdo y antes de la firma del acuerdo final”. Aplazaron que las Farc, directa o indirectamente, definirán los jueces que habrán de juzgarlos a ellos y a los militares y policías que los combatieron. Además, ese tribunal especial estará por encima de la administración de justicia nacional y de las altas Cortes y ejercerá sus “funciones judiciales de manera autónoma y preferente”.
El acuerdo no garantiza la verdad. Para las Farc y el Gobierno la verdad es “esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos” no que los criminales cuenten y asuman la responsabilidad de todos y cada uno de los delitos que han cometido. En ningún lado se establece la obligación de confesar todos los delitos cometidos ni las sanciones por no hacerlo integralmente, a diferencia de lo que ocurre en ley de Justicia y Paz.
Sobre reparación, lavado de activos y tratamiento desigual para los miembros de la Fuerza Pública, es necesaria otra columna.
Mientras tanto, por fin se hizo justicia en el caso Plazas Vega. Es indispensable investigar a los fiscales que alimentaron a los falsos testigos e inventaron al menos uno. Quedan muchos casos flagrantes de militares injustamente privados de su libertad, el general Uscátegui de primero.
Fuente: http://www.elcolombiano.com/acuerdo-para-la-impunidad-HE3314548
Caballero Negro
Colaborador
'Escándalo en mi contra surgió por un montaje de la Fiscalía': Plazas
Habla el coronel absuelto esta semana por el caso de las desapariciones del Palacio de Justicia.
Por: PLINIO APULEYO MENDOZA |
7:52 p.m. | 19 de diciembre de 2015
Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO
Plazas Vega dice que buscará la libertad del general Jesús Armando Arias Cabrales y de otros oficiales que, como él, fueron condenados por las desapariciones del Palacio de Justicia.
Lo vimos muy escéptico minutos antes de recibir la noticia de que había sido absuelto por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué?
Es apenas el resultado obvio de un año, recibiendo la noticia de que el siguiente miércoles iba obtener mi libertad. Eso lo viví durante semanas y meses, de modo que el pasado miércoles era la última oportunidad de este año porque ya se cerraba la actividad judicial el 17 de diciembre. Entonces yo me dije: ‘si hoy no se toma una decisión, pasaré otra Navidad lejos de mi familia y tendré que esperar quién sabe cuánto tiempo más para que el fallo se produzca’. De ahí mi escepticismo entre las cuatro y la seis de la tarde de ese día.
¿Quién le dio la noticia de su absolución?
Llegó cuando menos lo esperaba. Ya los medios de comunicación, que habían estado conmigo a lo largo del día, empezaban a retirar sus cámaras y equipos, convencidos de que nada iba a ocurrir, cuando mi abogado, Jaime Granados, recibió una llamada. Me hizo entonces una seña optimista y terminó pasándome el teléfono. Era el propio presidente de la Corte, el doctor José Luis Barceló. “Coronel –me dijo–, por decisión de los magistrados de la Sala de Casación debo comunicarle a usted, antes de hacerla pública, la decisión sobre su caso”. Oyéndolo, yo tenía el corazón en ascuas. Todos los que estaban en el salón guardaron de pronto silencio, y fue entonces cuando le escuché decir al doctor Barceló que “la Sala ha optado por casar la sentencia y, por consiguiente, procede a revocar las decisiones de primera y segunda instancia y otorgarle la absolución y su libertad inmediata”.
Después del papel que jugó usted en el rescate del Palacio de Justicia, fue visto por todos los colombianos como un héroe. ¿Cuánto tiempo transcurrió antes de que se viera envuelto en un proceso judicial?
Transcurrieron 22 años entre 1985 y el 2007 sin que fuera objeto de ninguna investigación. En ese largo periodo a nadie se le ocurrió acusarme.
¿Qué pasó entonces?
Cuando salí yo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, después de quitarles más de dos billones de pesos a los narcotraficantes, lo que había contra mí era una venganza del narcotráfico. Como no tenían nada que impugnarme por mi desempeño en estupefacientes, decidieron volver atrás, a los tiempos del Palacio de Justicia, para fabricar todo un montaje en contra mía.
¿Qué riesgos corrieron usted y su familia por causa de su actuación en la Dirección Nacional de Estupefacientes?
Cuando se dieron cuenta de que a mí no me podían comprar, empezaron a lanzarme amenazas por teléfono. Por cierto, a una de mis secretarias la tuve que retirar porque cada vez que escuchaba una amenaza entraba en crisis y se desmayaba. Pero las amenazas más peligrosas no son esas, porque solo buscan asustarlo a uno. Las amenazas reales son las que se descubren de pronto. No he olvidado que me llamó el presidente Uribe para darme la noticia de que los organismos de inteligencia habían descubierto un plan de los narcotraficantes para secuestrar a uno de mis hijos. La solución que me dio fue sacarlos de inmediato del país. De este modo, y por esta razón, por primera vez Thania y yo nos quedamos solos.
¿Cuándo aparecieron las acusaciones contra usted?
A mí me llamaron a declarar en el 2006 por los hechos del Palacio de Justicia. Yo me dispuse a decir todo lo que había ocurrido entonces. Lo que no llegué a imaginar es que el 9 de abril del 2007 apareciera un informe de la revista Semana en el cual se me señalaba como un criminal que había sido autor de desapariciones en el Palacio de Justicia. Ahí empezó un escándalo recogido por todos los medios y que tenía su origen en un verdadero montaje de la Fiscalía. Mi primera reacción fue la de exclamar: ‘¿Cómo me hacen eso a mí, si nada tengo que ver con crímenes ni desaparecidos?’. Tuve que rendir 12 indagatorias por la presunta desaparición de tres personas, y al poco tiempo me privaron de la libertad.
¿Quién ordenó su captura?
Fue la fiscal Ángela María Buitrago. Esa mañana, yo había acudido al Comando General para buscar el modo de entregarme a las autoridades sin permitir un show mediático que, sabía yo, se estaba preparando, cuando agentes de la Fiscalía y el Inpec aparecieron para llevarme al búnker, siguiendo órdenes de la fiscal Buitrago. El general Padilla se opuso y le dijo a la fiscal que la captura debía hacerse efectiva en el comando y que yo debía ser trasladado a una unidad militar.
¿Dónde fue recluido finalmente?
En la Escuela de Infantería. Me dieron la única habitación disponible en el casino de oficiales, pero no vacilaron en decirme, con todo respeto, que esa era mi casa. Luego de seis meses de estar allí me llaman a juicio, pero no por la supuesta desaparición de tres personas, sino por la de once.
Todo estaba basado en falsos testigos y falsos testimonios. Un día me muestran una declaración supuestamente hecha contra mí por el cabo Édgar Villamizar en la que me acusa de haber ordenado torturas y muertes en la Escuela de Caballería y de las cuales él había sido testigo. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. En la declaración presentada por la fiscal Buitrago, el nombre de Villamizar había sido sustituido por el de Villarreal y su firma parecía un garabato.
¿Este Villamizar es el mismo que tiempo después apareció desvirtuando tales declaraciones?
El mismo. Al verdadero Villamizar –a quien la Fiscalía nunca se tomó el trabajo de buscarlo– lo encontró años después el acucioso periodista Ricardo Puentes Melo. Lo llevó a la Procuraduría, donde declaró que nunca me había conocido, que no había estado presente en los sucesos del Palacio de Justicia y que lo ocurrido entonces lo había visto en la televisión cuando estaba de servicio en el Batallón 21 Vargas, en Granada, Meta.
¿Qué otro falso testimonio fue incluido en su proceso?
Hubo muchos, pero hay uno que vale la pena recordar. Tirso Sáenz, otro falso testigo, condenado a 103 años de cárcel por los crímenes que ha cometido, fue visitado en la cárcel de Cómbita por agentes del CTI de la Fiscalía para que declarara en mi contra a cambio de beneficios. Cuando no le cumplieron lo ofrecido, Sáenz decidió denunciar esta maniobra.
No obstante, en el momento del juicio usted no pudo demostrar tal falsedad...
No solo eso, sino que ante tal cantidad de infundios empecé a padecer gravísimos trastornos. Un día cualquiera, a eso de las seis de la tarde, sentí que el piso se me movía. Llamé a mi custodio, quien se alarmó al verme tembloroso y demacrado, pero antes de llevarme al dispensario de la escuela vomité. Nunca me había sentido así. Luego de varios exámenes, una de las especialistas que me atendieron acabó por descubrir que se trataba de un peligroso problema emocional y que era necesario iniciar un tratamiento psiquiátrico porque, de no atenderme, podría sufrir o un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Todo por culpa de la tensión que me producía el juicio que estaba afrontando.
¿Fue entonces cuando lo recluyeron en el Hospital Militar?
Sí, llegué al piso doce, pero por orden de la fiscal Buitrago tuvieron que internarme en el piso seis, en un cuarto con mallas en las ventanas, algo muy parecido a una celda. Me acompañaba Thania, mi mujer, cuando días después apareció un grupo de 12 hombres del Inpec con la orden de llevarme trasladado a La Picota. Dos musculosas mujeres se encargaron de sujetar a Thania, y cuando yo quise defenderla fui duramente sometido por los demás agentes, que me colocaron boca abajo, atado de pies y manos en el piso de una camioneta y me llevaron a La Picota.
¿Qué le ocurrió allí?
Allí duré nueve días. Me trataron de envenenar, de noche, me despertaban cada dos horas, poniéndome la luz de una linterna en los ojos, y tampoco me daban las medicinas que me habían ordenado los médicos. Todo eso solo se ha visto en un régimen nazi. Una psiquiatra del Inpec que me examinó terminó advirtiéndole a la directora que yo corría el grave riesgo de morir si no era atendido adecuadamente. Gracias a su declaración, tuvieron que volver a llevarme al Hospital Militar. Lo grave de todo esto fue que finalmente me condenaron a 30 años de prisión, sin que pudiera estar presente en el juicio e intentar mi defensa.
Usted interpuso un recurso y el Tribunal Superior de Bogotá terminó confirmando su condena a 30 años de cárcel. ¿Cómo lo explica?
Es inexplicable, tanto para mí como para mi abogado, Jaime Granados, y le voy a decir por qué. El magistrado Hermens Darío Lara Acuña, a quien le confiaron el estudio de mi caso, después de 16 meses de investigaciones con un trabajo de ocho horas por día, propuso un fallo absolutorio, pero los otros dos magistrados del Tribunal que también debían decidir no aceptaron su propuesta.
Entonces, Lara Acuña redactó un salvamento de voto que se convertiría luego en un libro de amplia difusión titulado 'Plazas Vega es inocente'.
¿Por qué los dos magistrados confirmaron la condena?
Me temo que por razones políticas. Uno de ellos, Alberto Poveda Perdomo, había sido candidato a la Cámara de Representantes en una coalición con el Polo Democrático. Para mí, el Polo Democrático es la fusión del Partido Comunista con el M-19.
Felizmente, el recurso de casación que usted presentó ante la Corte Suprema de Justicia acabó absolviéndolo. Hoy es usted un hombre libre. ¿Qué piensa hacer ahora?
Pienso buscar a mi familia, tratar de recuperar el tiempo perdido y, después de que pasen algunos meses, ver qué voy a hacer, escribir todo lo que viví en estos últimos años y buscar que lo que ha ocurrido ahora conmigo se logre con oficiales como el general (Jesús Armando) Arias Cabrales y otros tantos que han sido víctimas de injustas condenas.
PLINIO APULEYO MENDOZA
Especial para EL TIEMPO
Fuente: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/entrevista-con-alfonso-plazas-vega/16462859
Habla el coronel absuelto esta semana por el caso de las desapariciones del Palacio de Justicia.
Por: PLINIO APULEYO MENDOZA |
7:52 p.m. | 19 de diciembre de 2015
Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO
Plazas Vega dice que buscará la libertad del general Jesús Armando Arias Cabrales y de otros oficiales que, como él, fueron condenados por las desapariciones del Palacio de Justicia.
Lo vimos muy escéptico minutos antes de recibir la noticia de que había sido absuelto por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué?
Es apenas el resultado obvio de un año, recibiendo la noticia de que el siguiente miércoles iba obtener mi libertad. Eso lo viví durante semanas y meses, de modo que el pasado miércoles era la última oportunidad de este año porque ya se cerraba la actividad judicial el 17 de diciembre. Entonces yo me dije: ‘si hoy no se toma una decisión, pasaré otra Navidad lejos de mi familia y tendré que esperar quién sabe cuánto tiempo más para que el fallo se produzca’. De ahí mi escepticismo entre las cuatro y la seis de la tarde de ese día.
¿Quién le dio la noticia de su absolución?
Llegó cuando menos lo esperaba. Ya los medios de comunicación, que habían estado conmigo a lo largo del día, empezaban a retirar sus cámaras y equipos, convencidos de que nada iba a ocurrir, cuando mi abogado, Jaime Granados, recibió una llamada. Me hizo entonces una seña optimista y terminó pasándome el teléfono. Era el propio presidente de la Corte, el doctor José Luis Barceló. “Coronel –me dijo–, por decisión de los magistrados de la Sala de Casación debo comunicarle a usted, antes de hacerla pública, la decisión sobre su caso”. Oyéndolo, yo tenía el corazón en ascuas. Todos los que estaban en el salón guardaron de pronto silencio, y fue entonces cuando le escuché decir al doctor Barceló que “la Sala ha optado por casar la sentencia y, por consiguiente, procede a revocar las decisiones de primera y segunda instancia y otorgarle la absolución y su libertad inmediata”.
Después del papel que jugó usted en el rescate del Palacio de Justicia, fue visto por todos los colombianos como un héroe. ¿Cuánto tiempo transcurrió antes de que se viera envuelto en un proceso judicial?
Transcurrieron 22 años entre 1985 y el 2007 sin que fuera objeto de ninguna investigación. En ese largo periodo a nadie se le ocurrió acusarme.
¿Qué pasó entonces?
Cuando salí yo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, después de quitarles más de dos billones de pesos a los narcotraficantes, lo que había contra mí era una venganza del narcotráfico. Como no tenían nada que impugnarme por mi desempeño en estupefacientes, decidieron volver atrás, a los tiempos del Palacio de Justicia, para fabricar todo un montaje en contra mía.
¿Qué riesgos corrieron usted y su familia por causa de su actuación en la Dirección Nacional de Estupefacientes?
Cuando se dieron cuenta de que a mí no me podían comprar, empezaron a lanzarme amenazas por teléfono. Por cierto, a una de mis secretarias la tuve que retirar porque cada vez que escuchaba una amenaza entraba en crisis y se desmayaba. Pero las amenazas más peligrosas no son esas, porque solo buscan asustarlo a uno. Las amenazas reales son las que se descubren de pronto. No he olvidado que me llamó el presidente Uribe para darme la noticia de que los organismos de inteligencia habían descubierto un plan de los narcotraficantes para secuestrar a uno de mis hijos. La solución que me dio fue sacarlos de inmediato del país. De este modo, y por esta razón, por primera vez Thania y yo nos quedamos solos.
¿Cuándo aparecieron las acusaciones contra usted?
A mí me llamaron a declarar en el 2006 por los hechos del Palacio de Justicia. Yo me dispuse a decir todo lo que había ocurrido entonces. Lo que no llegué a imaginar es que el 9 de abril del 2007 apareciera un informe de la revista Semana en el cual se me señalaba como un criminal que había sido autor de desapariciones en el Palacio de Justicia. Ahí empezó un escándalo recogido por todos los medios y que tenía su origen en un verdadero montaje de la Fiscalía. Mi primera reacción fue la de exclamar: ‘¿Cómo me hacen eso a mí, si nada tengo que ver con crímenes ni desaparecidos?’. Tuve que rendir 12 indagatorias por la presunta desaparición de tres personas, y al poco tiempo me privaron de la libertad.
¿Quién ordenó su captura?
Fue la fiscal Ángela María Buitrago. Esa mañana, yo había acudido al Comando General para buscar el modo de entregarme a las autoridades sin permitir un show mediático que, sabía yo, se estaba preparando, cuando agentes de la Fiscalía y el Inpec aparecieron para llevarme al búnker, siguiendo órdenes de la fiscal Buitrago. El general Padilla se opuso y le dijo a la fiscal que la captura debía hacerse efectiva en el comando y que yo debía ser trasladado a una unidad militar.
¿Dónde fue recluido finalmente?
En la Escuela de Infantería. Me dieron la única habitación disponible en el casino de oficiales, pero no vacilaron en decirme, con todo respeto, que esa era mi casa. Luego de seis meses de estar allí me llaman a juicio, pero no por la supuesta desaparición de tres personas, sino por la de once.
Todo estaba basado en falsos testigos y falsos testimonios. Un día me muestran una declaración supuestamente hecha contra mí por el cabo Édgar Villamizar en la que me acusa de haber ordenado torturas y muertes en la Escuela de Caballería y de las cuales él había sido testigo. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. En la declaración presentada por la fiscal Buitrago, el nombre de Villamizar había sido sustituido por el de Villarreal y su firma parecía un garabato.
¿Este Villamizar es el mismo que tiempo después apareció desvirtuando tales declaraciones?
El mismo. Al verdadero Villamizar –a quien la Fiscalía nunca se tomó el trabajo de buscarlo– lo encontró años después el acucioso periodista Ricardo Puentes Melo. Lo llevó a la Procuraduría, donde declaró que nunca me había conocido, que no había estado presente en los sucesos del Palacio de Justicia y que lo ocurrido entonces lo había visto en la televisión cuando estaba de servicio en el Batallón 21 Vargas, en Granada, Meta.
¿Qué otro falso testimonio fue incluido en su proceso?
Hubo muchos, pero hay uno que vale la pena recordar. Tirso Sáenz, otro falso testigo, condenado a 103 años de cárcel por los crímenes que ha cometido, fue visitado en la cárcel de Cómbita por agentes del CTI de la Fiscalía para que declarara en mi contra a cambio de beneficios. Cuando no le cumplieron lo ofrecido, Sáenz decidió denunciar esta maniobra.
No obstante, en el momento del juicio usted no pudo demostrar tal falsedad...
No solo eso, sino que ante tal cantidad de infundios empecé a padecer gravísimos trastornos. Un día cualquiera, a eso de las seis de la tarde, sentí que el piso se me movía. Llamé a mi custodio, quien se alarmó al verme tembloroso y demacrado, pero antes de llevarme al dispensario de la escuela vomité. Nunca me había sentido así. Luego de varios exámenes, una de las especialistas que me atendieron acabó por descubrir que se trataba de un peligroso problema emocional y que era necesario iniciar un tratamiento psiquiátrico porque, de no atenderme, podría sufrir o un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Todo por culpa de la tensión que me producía el juicio que estaba afrontando.
¿Fue entonces cuando lo recluyeron en el Hospital Militar?
Sí, llegué al piso doce, pero por orden de la fiscal Buitrago tuvieron que internarme en el piso seis, en un cuarto con mallas en las ventanas, algo muy parecido a una celda. Me acompañaba Thania, mi mujer, cuando días después apareció un grupo de 12 hombres del Inpec con la orden de llevarme trasladado a La Picota. Dos musculosas mujeres se encargaron de sujetar a Thania, y cuando yo quise defenderla fui duramente sometido por los demás agentes, que me colocaron boca abajo, atado de pies y manos en el piso de una camioneta y me llevaron a La Picota.
¿Qué le ocurrió allí?
Allí duré nueve días. Me trataron de envenenar, de noche, me despertaban cada dos horas, poniéndome la luz de una linterna en los ojos, y tampoco me daban las medicinas que me habían ordenado los médicos. Todo eso solo se ha visto en un régimen nazi. Una psiquiatra del Inpec que me examinó terminó advirtiéndole a la directora que yo corría el grave riesgo de morir si no era atendido adecuadamente. Gracias a su declaración, tuvieron que volver a llevarme al Hospital Militar. Lo grave de todo esto fue que finalmente me condenaron a 30 años de prisión, sin que pudiera estar presente en el juicio e intentar mi defensa.
Usted interpuso un recurso y el Tribunal Superior de Bogotá terminó confirmando su condena a 30 años de cárcel. ¿Cómo lo explica?
Es inexplicable, tanto para mí como para mi abogado, Jaime Granados, y le voy a decir por qué. El magistrado Hermens Darío Lara Acuña, a quien le confiaron el estudio de mi caso, después de 16 meses de investigaciones con un trabajo de ocho horas por día, propuso un fallo absolutorio, pero los otros dos magistrados del Tribunal que también debían decidir no aceptaron su propuesta.
Entonces, Lara Acuña redactó un salvamento de voto que se convertiría luego en un libro de amplia difusión titulado 'Plazas Vega es inocente'.
¿Por qué los dos magistrados confirmaron la condena?
Me temo que por razones políticas. Uno de ellos, Alberto Poveda Perdomo, había sido candidato a la Cámara de Representantes en una coalición con el Polo Democrático. Para mí, el Polo Democrático es la fusión del Partido Comunista con el M-19.
Felizmente, el recurso de casación que usted presentó ante la Corte Suprema de Justicia acabó absolviéndolo. Hoy es usted un hombre libre. ¿Qué piensa hacer ahora?
Pienso buscar a mi familia, tratar de recuperar el tiempo perdido y, después de que pasen algunos meses, ver qué voy a hacer, escribir todo lo que viví en estos últimos años y buscar que lo que ha ocurrido ahora conmigo se logre con oficiales como el general (Jesús Armando) Arias Cabrales y otros tantos que han sido víctimas de injustas condenas.
PLINIO APULEYO MENDOZA
Especial para EL TIEMPO
Fuente: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/entrevista-con-alfonso-plazas-vega/16462859
Caballero Negro
Colaborador
Caballero Negro
Colaborador
Farc estaría reclutando menores ‘por debajo de la mesa’ Noticias RPTV
Caballero Negro
Colaborador
Capturan a ocho guerrilleros del ELN en Cauca
Entre los detenidos se encuentran alias 'Zorro' y 'Nancy', responsables de la extorsión a comerciantes en el departamento.
La Policía Nacional capturó a ocho integrantes de la columna móvil Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Bolívar, departamento del Cauca.
En el operativo fueron capturados alias 'Jairo Morales', comandante de la columna móvil, así como 'Zorro' y 'Nancy' encargados del cobro de extorsiones a comerciantes en el departamento.
Fue además detenido alias 'Achote', responsable de actividades relacionadas con la minería ilegal en el Cauca. En total fueron capturados seis hombres y dos mujeres integrantes de dicha columna subersiva.
Además fueron incautados tres fusiles, 18 pistolas, 40 granadas, 20 celulares y material de intendencia. En su cuenta de Twitter el presidente Juan Manuel Santos manifestó: "Felicitaciones PolicíaNacional por operativo en Cauca contra estructura del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN. Caputados sus 8 jefes".
Fuente: http://www.elespectador.com/noticia...ho-guerrilleros-del-eln-cauca-articulo-607659
Entre los detenidos se encuentran alias 'Zorro' y 'Nancy', responsables de la extorsión a comerciantes en el departamento.
La Policía Nacional capturó a ocho integrantes de la columna móvil Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Bolívar, departamento del Cauca.
En el operativo fueron capturados alias 'Jairo Morales', comandante de la columna móvil, así como 'Zorro' y 'Nancy' encargados del cobro de extorsiones a comerciantes en el departamento.
Fue además detenido alias 'Achote', responsable de actividades relacionadas con la minería ilegal en el Cauca. En total fueron capturados seis hombres y dos mujeres integrantes de dicha columna subersiva.
Además fueron incautados tres fusiles, 18 pistolas, 40 granadas, 20 celulares y material de intendencia. En su cuenta de Twitter el presidente Juan Manuel Santos manifestó: "Felicitaciones PolicíaNacional por operativo en Cauca contra estructura del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN. Caputados sus 8 jefes".
Fuente: http://www.elespectador.com/noticia...ho-guerrilleros-del-eln-cauca-articulo-607659
Sebastian
Colaborador
Militares, FARC y civiles: cómo será la justicia especial en Colombia
El acuerdo sobre el punto 5 del proceso de paz trae aparejado una serie de interrogantes y críticas por parte de la oposición y organismos internacionales
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/24/colombia/1450915480_857764.html
El acuerdo sobre el punto 5 del proceso de paz trae aparejado una serie de interrogantes y críticas por parte de la oposición y organismos internacionales
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/24/colombia/1450915480_857764.html
Caballero Negro
Colaborador
Así o más descarados:
Jesús Santrich reitera que las Farc deben tener plena libertad para ejercer actividades políticas
Jesús Santrich reitera que las Farc deben tener plena libertad para ejercer actividades políticas
Caballero Negro
Colaborador
Golpe al Clan Úsuga
En una carta alias 'Gavilán' dice que se salvó de milagro de un bombardeo
En una carta escrita a mano el cabecilla del "Clan Úsuga" reconoce la contundencia de los bombardeos de la Policía en contra de esa estructura.
En el marco de la operación Agamenón, la Policía Nacional reportó la captura del hijo de un importante cabecilla y la incautación de varias cartas del máximo líder de denominado “Clan Úsuga”.
En los escritos hablan de la afectación que ha sufrido esa estructura por cuenta de los constantes bombardeos de la Policía contra esa organización y manifiestan su intención de copar el Catatumbo, zona de injerencia del abatido ‘Megateo’.
El material fue obtenido durante una operación de asalto aéreo, en la que comandos especiales de la Policía Nacional llegaron hasta una zona campamentaria en la vereda Buenos Aires de Arboletes (Antioquia).
La ofensiva fue planeada contra alias ‘Lorenzo’, máximo cabecilladel “Clan Úsuga” en la Costa Caribe. Sin embargo, en la acción policial fue capturado su hijo José Alejandro Ávila Vanegas.
En la edificación rústica las unidades encontraron una pistola “Five Seven” - conocida popularmente como mata-policía -, un proveedor para la misma arma con 19 cartuchos calibre 5.56 mm, 2 proveedores con 30 cartuchos calibre 9 mm, 1 escopeta mossberg con 16 cartuchos, 1 radio walkie talkie, 2 tablas digitales, 5 celulares, 1 cédula de ciudadanía falsa y una tarjeta profesional de abogado, con la que alias ‘Lorenzo’ pretendía manejar una fachada de profesional del derecho.
En el registro fueron ubicadas 8 cartas escritas por alias ‘Otoniel’ y ‘Gavilán’, primero y segundo en la estructura criminal, en las que hablan de la intención de enviar a alias ‘Lorenzo’ al Catatumbo (Norte de Santander), para ocupar las zonas en las que delinquía en abatido narcotraficante alias ‘Megateo’.
En un escrito fechado el 27 de diciembre de 2015, alias ‘Lorenzo’ manifiesta su negativa y rechazo de ir a esa región por considerarla compleja y peligrosa, ante los continuas operaciones de la PolicíaNacional.
En otras de las misivas, ‘Gavilán’ expresa el alto nivel deafectación por la operación “Agamenón”. Textualmente dice “… para qué, muy duro ese bombardeo tan verraco que hicieron amigo, tiraron fue a matarme…”.
Varios fragmentos señalan instrucciones para frenar el avance de la policía y proteger las posiciones de los máximos cabecillas con minas antipersona y francotiradores. Estas cartas son el recurso desesperado del “Clan Úsuga”, bloqueado en sus comunicaciones yque ha tenido que recurrir a correos humanos.
La operación “Agamenón” contra el Clan Usura deja 601 capturas, 25 criminales abatidos y 15 toneladas y media de cocaína incautadas.
Fuente: http://www.elespectador.com/noticia...ice-se-salvo-de-milagro-de-un-articulo-609015
En una carta alias 'Gavilán' dice que se salvó de milagro de un bombardeo
En una carta escrita a mano el cabecilla del "Clan Úsuga" reconoce la contundencia de los bombardeos de la Policía en contra de esa estructura.
En el marco de la operación Agamenón, la Policía Nacional reportó la captura del hijo de un importante cabecilla y la incautación de varias cartas del máximo líder de denominado “Clan Úsuga”.
En los escritos hablan de la afectación que ha sufrido esa estructura por cuenta de los constantes bombardeos de la Policía contra esa organización y manifiestan su intención de copar el Catatumbo, zona de injerencia del abatido ‘Megateo’.
El material fue obtenido durante una operación de asalto aéreo, en la que comandos especiales de la Policía Nacional llegaron hasta una zona campamentaria en la vereda Buenos Aires de Arboletes (Antioquia).
La ofensiva fue planeada contra alias ‘Lorenzo’, máximo cabecilladel “Clan Úsuga” en la Costa Caribe. Sin embargo, en la acción policial fue capturado su hijo José Alejandro Ávila Vanegas.
En la edificación rústica las unidades encontraron una pistola “Five Seven” - conocida popularmente como mata-policía -, un proveedor para la misma arma con 19 cartuchos calibre 5.56 mm, 2 proveedores con 30 cartuchos calibre 9 mm, 1 escopeta mossberg con 16 cartuchos, 1 radio walkie talkie, 2 tablas digitales, 5 celulares, 1 cédula de ciudadanía falsa y una tarjeta profesional de abogado, con la que alias ‘Lorenzo’ pretendía manejar una fachada de profesional del derecho.
En el registro fueron ubicadas 8 cartas escritas por alias ‘Otoniel’ y ‘Gavilán’, primero y segundo en la estructura criminal, en las que hablan de la intención de enviar a alias ‘Lorenzo’ al Catatumbo (Norte de Santander), para ocupar las zonas en las que delinquía en abatido narcotraficante alias ‘Megateo’.
En un escrito fechado el 27 de diciembre de 2015, alias ‘Lorenzo’ manifiesta su negativa y rechazo de ir a esa región por considerarla compleja y peligrosa, ante los continuas operaciones de la PolicíaNacional.
En otras de las misivas, ‘Gavilán’ expresa el alto nivel deafectación por la operación “Agamenón”. Textualmente dice “… para qué, muy duro ese bombardeo tan verraco que hicieron amigo, tiraron fue a matarme…”.
Varios fragmentos señalan instrucciones para frenar el avance de la policía y proteger las posiciones de los máximos cabecillas con minas antipersona y francotiradores. Estas cartas son el recurso desesperado del “Clan Úsuga”, bloqueado en sus comunicaciones yque ha tenido que recurrir a correos humanos.
La operación “Agamenón” contra el Clan Usura deja 601 capturas, 25 criminales abatidos y 15 toneladas y media de cocaína incautadas.
Fuente: http://www.elespectador.com/noticia...ice-se-salvo-de-milagro-de-un-articulo-609015
Caballero Negro
Colaborador
“Rambo” y la “flotilla” de submarinos de las Farc
Los semisumergibles incautados miden entre 12 y 18 metros de largo y de 2 a 4 metros de ancho. Su base es de madera, con recubrimiento de fibra de vidrio y motores diesel. Uno de ellos podía transportar ocho toneladas de droga. FOTO CORTESÍA POLICÍA Y ARMADA.
Cuando “Iván Márquez”, el jefe negociador de las Farc en La Habana, declaró hace dos semanas que su organización no tenía dinero, los investigadores antinarcóticos pensaron en muchos hechos para contradecirlo, pero sobre todo, en los submarinos.
En los últimos dos años, en operaciones conjuntas de la Armada, la DEA y la Policía, se incautaron cinco semisumergibles al supuesto servicio de los insurgentes, cada uno avaluado en un millón de dólares.
Cuatro de ellos, según estas autoridades, estaban asignados a la columna móvil Daniel Aldana (Cmda), que delinque en Nariño, el departamento con la mayor cantidad de cultivos ilícitos (17.285 hectáreas sembradas, de acuerdo con Onudc).
Al mando de este grupo está Gustavo González Sánchez, alias “Rambo”. Un informe de Inteligencia policial señala que “los ingresos ilegales que logra este cabecilla por efecto de producción de droga, alcanzan más de 90 toneladas de cocaína por año, que en los mercados de consumo tendrían un valor de 2.406 millones de dólares”.
La Cmda tiene redes de narcotráfico que pasan por Ecuador, el Océano Pacífico, Centroamérica y E.U.; y actúa en asocio con bandas como “los Urabeños” y “los Rastrojos”, al igual que carteles internacionales.
Los submarinos
Según la Armada, el primer semisumergible decomisado a este grupo fue el 04/11/13, escondido entre unos manglares del corregimiento Papayal, de Tumaco. Tenía capacidad para ocho toneladas de cocaína.
El segundo fue ubicado el 19/5/14 en aguas internacionales, a 45 millas náuticas de Tumaco. Fue el primero en la historia en ser interceptado navegando y con tripulación abordo, dos colombianos y un ecuatoriano con 2,3 toneladas de cocaína.
Los siguientes cayeron en dos astilleros rurales en Candelilla del Mar, Tumaco (21/10/14); y en un brazo del río Mataje, en límites con Ecuador (23/9/15).
El último caso reportado fue el pasado 27 de diciembre en el sector Bocas del Río Naya, en Buenaventura, aunque aún no es claro a cuál estructura guerrillera pertenece.
El contralmirante Carlos Serrano, comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico Poseidón, le contó a EL COLOMBIANO que, además de la millonaria inversión que deben hacer los dueños, toma mucho tiempo su elaboración, pues la base es de madera, con recubrimiento de fibra de vidrio y equipamiento con motores, sistema de navegabilidad y oxígeno; llevar esos insumos a la selva es costoso y demorado.
“Ellos pueden invertir más de un millón de dólares y lo particular es que son desechables, ningún semisumergible se reutiliza. La tasa de retorno de ese negocio debe ser altísima para que justifique ese desperdicio”, relata Serrano.
En el último año, sus tropas capturaron a 60 presuntos integrantes de la Cmda, incluyendo cabecillas como “el Doctor”, “Junior” y “Juank”, y otros 10 se desmovilizaron.
El general Rodolfo Palomino, director de la Policía, advirtió a la prensa que tales detenciones han afectado el ala narcotraficante de la estructura, lo que provocó “que en su interior se generaran una disputa por la supremacía criminal y una serie de homicidios”.
Riesgo para el posconflicto
Una de las funciones de la Cmda es financiar a otros frentes de las Farc, los cuales tienen menos ingresos económicos. Ese propósito también lo cumplen otras estructuras insurgentes, ubicadas en zonas propicias para el cultivo de coca y la minería ilegal, como los frentes 36 (Antioquia), 57 (Chocó), 30 (Cauca) y 33 (Norte de Santander). Estos aportan al presupuesto general, cercano a los 3,6 billones de pesos anuales que, según una investigación publicada por este diario en 2014, maneja esa guerrilla.
El exmilitar británico y codirector de la fundación Insight Crime, Jeremy McDermott, comenta que la Cmda actúa en conjunto con el frente 29 “y ambos están involucrados con el narcotráfico y son muy importantes para las Farc en términos de generación de dinero”.
El analista no cree que esta facción disponga de una flotilla propia de submarinos, sino que recoge la droga y la entrega a transportadores de otras organizaciones. “Este es uno de los grupos que más preocupa de cara al posconflicto -dice McDermott-, porque Nariño es una zona donde hay un altísimo riesgo de que los combatientes sean reciclados por bandas ilegales”.
Fuente: http://www.elcolombiano.com/colombi...-flotilla-de-submarinos-de-las-farc-DA3398140
Los semisumergibles incautados miden entre 12 y 18 metros de largo y de 2 a 4 metros de ancho. Su base es de madera, con recubrimiento de fibra de vidrio y motores diesel. Uno de ellos podía transportar ocho toneladas de droga. FOTO CORTESÍA POLICÍA Y ARMADA.
Cuando “Iván Márquez”, el jefe negociador de las Farc en La Habana, declaró hace dos semanas que su organización no tenía dinero, los investigadores antinarcóticos pensaron en muchos hechos para contradecirlo, pero sobre todo, en los submarinos.
En los últimos dos años, en operaciones conjuntas de la Armada, la DEA y la Policía, se incautaron cinco semisumergibles al supuesto servicio de los insurgentes, cada uno avaluado en un millón de dólares.
Cuatro de ellos, según estas autoridades, estaban asignados a la columna móvil Daniel Aldana (Cmda), que delinque en Nariño, el departamento con la mayor cantidad de cultivos ilícitos (17.285 hectáreas sembradas, de acuerdo con Onudc).
Al mando de este grupo está Gustavo González Sánchez, alias “Rambo”. Un informe de Inteligencia policial señala que “los ingresos ilegales que logra este cabecilla por efecto de producción de droga, alcanzan más de 90 toneladas de cocaína por año, que en los mercados de consumo tendrían un valor de 2.406 millones de dólares”.
La Cmda tiene redes de narcotráfico que pasan por Ecuador, el Océano Pacífico, Centroamérica y E.U.; y actúa en asocio con bandas como “los Urabeños” y “los Rastrojos”, al igual que carteles internacionales.
Los submarinos
Según la Armada, el primer semisumergible decomisado a este grupo fue el 04/11/13, escondido entre unos manglares del corregimiento Papayal, de Tumaco. Tenía capacidad para ocho toneladas de cocaína.
El segundo fue ubicado el 19/5/14 en aguas internacionales, a 45 millas náuticas de Tumaco. Fue el primero en la historia en ser interceptado navegando y con tripulación abordo, dos colombianos y un ecuatoriano con 2,3 toneladas de cocaína.
Los siguientes cayeron en dos astilleros rurales en Candelilla del Mar, Tumaco (21/10/14); y en un brazo del río Mataje, en límites con Ecuador (23/9/15).
El último caso reportado fue el pasado 27 de diciembre en el sector Bocas del Río Naya, en Buenaventura, aunque aún no es claro a cuál estructura guerrillera pertenece.
El contralmirante Carlos Serrano, comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico Poseidón, le contó a EL COLOMBIANO que, además de la millonaria inversión que deben hacer los dueños, toma mucho tiempo su elaboración, pues la base es de madera, con recubrimiento de fibra de vidrio y equipamiento con motores, sistema de navegabilidad y oxígeno; llevar esos insumos a la selva es costoso y demorado.
“Ellos pueden invertir más de un millón de dólares y lo particular es que son desechables, ningún semisumergible se reutiliza. La tasa de retorno de ese negocio debe ser altísima para que justifique ese desperdicio”, relata Serrano.
En el último año, sus tropas capturaron a 60 presuntos integrantes de la Cmda, incluyendo cabecillas como “el Doctor”, “Junior” y “Juank”, y otros 10 se desmovilizaron.
El general Rodolfo Palomino, director de la Policía, advirtió a la prensa que tales detenciones han afectado el ala narcotraficante de la estructura, lo que provocó “que en su interior se generaran una disputa por la supremacía criminal y una serie de homicidios”.
Riesgo para el posconflicto
Una de las funciones de la Cmda es financiar a otros frentes de las Farc, los cuales tienen menos ingresos económicos. Ese propósito también lo cumplen otras estructuras insurgentes, ubicadas en zonas propicias para el cultivo de coca y la minería ilegal, como los frentes 36 (Antioquia), 57 (Chocó), 30 (Cauca) y 33 (Norte de Santander). Estos aportan al presupuesto general, cercano a los 3,6 billones de pesos anuales que, según una investigación publicada por este diario en 2014, maneja esa guerrilla.
El exmilitar británico y codirector de la fundación Insight Crime, Jeremy McDermott, comenta que la Cmda actúa en conjunto con el frente 29 “y ambos están involucrados con el narcotráfico y son muy importantes para las Farc en términos de generación de dinero”.
El analista no cree que esta facción disponga de una flotilla propia de submarinos, sino que recoge la droga y la entrega a transportadores de otras organizaciones. “Este es uno de los grupos que más preocupa de cara al posconflicto -dice McDermott-, porque Nariño es una zona donde hay un altísimo riesgo de que los combatientes sean reciclados por bandas ilegales”.
Fuente: http://www.elcolombiano.com/colombi...-flotilla-de-submarinos-de-las-farc-DA3398140
Mas te leo colega y mas veo similitudes con el caso Argentino....Y despues que vengan a decir que no hay una OLAS remozada y aggiornada trabajando desde los 90 en America Latina. Saludos y Feliz Año!!!
Caballero Negro
Colaborador
Quedan por capturar los emisarios de 'El Chapo' Guzmán en Colombia
Sebastian
Colaborador
@Caballero Negro
Pregunta: Hay alguna encuesta que vaya diciendo como sería el resultado de un referéndum sobre el acuerdo de paz entre Gobierno y guerrilla?
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